La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha sido objeto de atención tras la investigación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que indaga penalmente sobre las causas de la riada que el 29 de octubre de 2024 dejó un trágico saldo de 229 muertos en Valencia. Según ha podido conocer EL PAÍS, se han incorporado a la investigación diversas llamadas telefónicas entre representantes de la Aemet y el departamento de emergencias de la Generalitat Valenciana, que han puesto en tela de juicio las acusaciones de un supuesto «apagón informativo».
El día de la tragedia, una empleada del centro de coordinación de emergencias de la Generalitat contactó con una trabajadora de la Aemet para discutir la evolución de la situación meteorológica tras el establecimiento de alertas rojas y amarillas para el litoral. La representante de la Aemet descartó la posibilidad de lluvias significativas en la ciudad de Valencia y afirmó que el temporal se desplazaría hacia el interior, afectando localidades como Náquera o Serra. “Para la tarde, [la gota fría] va hacia el interior, hacia Ademuz. Entonces, si avanzamos en el tiempo, para mañana, todo queda en el interior. Para Valencia, capital […] no se prevén las mayores acumulaciones ni intensidades”, señaló la responsable de la agencia.
Sin embargo, cuando el centro de emergencias mencionó que las lluvias podrían alcanzar acumulaciones de hasta 90 litros por hora, la representante de la Aemet advirtió sobre el riesgo de crecidas en los ríos. “Las intensidades tienden a ir cada vez más hacia el interior. Y hacia el norte, pero los acumulados que se prevén para el interior norte son sorprendentes. Los modelos nos dan unas acumulaciones en el interior norte a doce horas que se mantienen a lo largo del miércoles por la mañana, que son impresionantes. A las cuencas de los ríos y demás, se acumula y puede llegar al litoral en forma de crecida”, puntualizó.
Este intercambio telefónico ha desmantelado la teoría del «apagón informativo», sostenida por el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y varios miembros del Partido Popular, quienes argumentaron que la tragedia se debió a la falta de información adecuada por parte de organismos gubernamentales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Aemet. No obstante, la jueza Ruiz Tobarra ha dado credibilidad a las declaraciones de los representantes de estas instituciones, quienes confirmaron que alertaron sobre la magnitud de la tormenta con antelación. De hecho, la Aemet emitió una alerta roja por fuertes lluvias a las 7:36 horas del 29 de octubre, la máxima en la escala de alertas meteorológicas.
La gravedad de los acontecimientos y la respuesta de las autoridades están siendo analizadas minuciosamente, especialmente en un momento en que la comunidad busca respuestas y accountability. Las evidencias recabadas en la investigación no solo apuntan a la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos organismos, sino también a la importancia de una comunicación clara y efectiva en situaciones de emergencia. La tragedia de octubre de 2024 pone de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras y sistemas de alerta, invitando a la reflexión sobre la preparación ante fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.
La investigación sigue su curso y los hallazgos que se vayan desarrollando serán fundamentales para entender mejor lo ocurrido ese fatídico día y para prevenir futuros desastres que puedan afectar a la población. En este contexto, la transparencia en la gestión de la información y las decisiones tomadas por las autoridades son esenciales para recuperar la confianza de los ciudadanos.
