La Comisión Europea ha adoptado este jueves un paquete de medidas para ayudar a los ciudadanos a garantizar unos ingresos adecuados durante la jubilación. Entre las recomendaciones de Bruselas a los Estados miembros destaca la propuesta de que todos los trabajadores accedan, por defecto, a un plan de pensiones privado en el seno de las empresas. Este sistema, conocido como auto enrolment, permite que los empleados sean automáticamente inscritos en un plan de pensiones de empleo, aunque tengan la opción de optar por no participar si así lo desean. Esta medida ha sido defendida por el sector financiero, pero en España se ha descartado en reiteradas ocasiones, considerándola inconstitucional.
La petición de Bruselas se enmarca dentro de la estrategia de la Comisión para la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU). Esta aconseja a los Estados que “apliquen, de acuerdo con las circunstancias nacionales y respetando plenamente el papel y la autonomía de los interlocutores sociales y las prerrogativas de negociación colectiva, la inscripción automática”. En la práctica, esto significaría que, al contratar a un trabajador, la empresa lo incluya automáticamente en un plan de pensiones de empleo, salvo que el trabajador exprese su desacuerdo.
Bruselas señala que la implementación de estos sistemas “se guiará por las buenas prácticas existentes en la UE y las lecciones aprendidas de otros países”. Aunque no existe un modelo unificado de auto enrolment en la Unión Europea, varios países ya han adoptado este tipo de sistemas. Italia, por ejemplo, desde 2007 destina automáticamente una parte de las indemnizaciones por final de contrato a un fondo de pensiones, siempre que el trabajador esté de acuerdo. Otros países como Lituania, Polonia o Irlanda también cuentan con sistemas similares. En Alemania, existe cierto grado de automatismo en los planes de pensiones sectoriales, especialmente en la industria, aunque el modelo más conocido y extendido en Europa es el del Reino Unido.
El Caso Español
La clara apuesta de la Comisión por el segundo pilar de la protección social —los planes de pensiones complementarios— sorprende dado el énfasis que Bruselas ha puesto en la defensa de los sistemas públicos de pensiones. En el caso español, la situación podría volverse especialmente conflictiva, ya que los legisladores han descartado el sistema de auto enrolment en varias ocasiones durante las reformas de pensiones de las últimas dos décadas. El argumento principal contra este sistema ha sido el temor a que no se ajuste a la Constitución española. Sin embargo, el sector financiero sostiene que las garantías que se ofrecerían a los trabajadores para no inscribirse rescatarían la constitucionalidad de la medida.
En la última reforma de pensiones, el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, diseñó el Fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), con el objetivo de incentivar el segundo pilar del sistema. Este fondo está destinado a fomentar planes sectoriales dirigidos principalmente a pequeñas empresas, autónomos y administraciones públicas. Sin embargo, el conocido como macrofondo de Escrivá, que comenzó formalmente en 2022, aún no ha recibido ningún euro. Desde el sector financiero se atribuye el fracaso de este fondo a la falta de un sistema de auto enrolment que obligue a las empresas a inscribir automáticamente a sus trabajadores en un plan privado colectivo.
En la actualidad, solo el sector de la construcción en España ha implementado, mediante convenio colectivo, la incorporación automática de todos los trabajadores a un plan de pensiones de empleo. Este sistema se ha constituido exclusivamente en el sector privado, al margen del macrofondo de Escrivá.
Bruselas justifica su recomendación como una forma de aumentar la participación en los planes de pensiones complementarios y desbloquear una mayor escala de los mercados de pensiones. Insiste en que esta medida “complementa, y no sustituye, las pensiones públicas, que son la base de los sistemas de pensiones en todos los Estados miembros”. La Comisión también destaca que los cambios demográficos y la dinámica del mercado laboral requieren que se adapte el sistema de pensiones. En este contexto, las pensiones complementarias pueden ayudar a los ciudadanos a diversificar sus ingresos durante la jubilación, mejorando su seguridad financiera.
Particularmente, Bruselas tiene en mente a los colectivos más vulnerables y a las mujeres, cuyas pensiones a menudo no son suficientes para mantener un nivel de vida adecuado. Actualmente, la brecha de género en las pensiones entre hombres y mujeres se sitúa en un 24,5%. Para facilitar la implementación de estas medidas, la Comisión propone una reforma legislativa que modifique la Directiva sobre los fondos de pensiones de empleo, así como el Reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales (PEPP).
