La negociación del aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia ha tomado un rumbo inédito, marcado por la introducción de un nuevo concepto en la mesa de concertación. Promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, la propuesta de un “salario digno” ha reavivado el debate sobre el futuro del ingreso básico de cerca de cinco millones de trabajadores formales y su impacto en más de 20 millones de colombianos.
La segunda semana de diciembre de 2025 será clave, con una negociación que se presenta polarizada e incierta. El Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha planteado un salario mínimo de $3.000.000. Este enfoque, más ético y social que técnico, busca redefinir el bienestar laboral, aunque carece de un soporte metódico y no cuenta con un indicativo oficial en la legislación actual.
Por su parte, los gremios empresariales, como Andi, Fenalco y Acopi, defienden la fórmula tradicional que se basa en la suma de inflación y productividad. La tensión en la mesa se ha vuelto palpable; por ejemplo, Fenalco se retiró temporalmente al considerar que el Ejecutivo había anticipado un aumento del 11% sin un consenso técnico adecuado.
Así, el debate ha cambiado de centrarse en el porcentaje de incremento a analizar el impacto real en la economía doméstica y empresarial. Un informe de la firma de servicios profesionales Crowe Co destaca que las consecuencias de este cambio no solo dependen del porcentaje de aumento, sino también de un efecto dominó financiero que podría afectar la liquidez de hogares y pequeñas y medianas empresas (pymes). Según el estudio, más de 30 cobros y hasta 60 bienes y servicios verían sus tarifas ajustadas automáticamente desde enero de 2026, debido a su indexación al salario mínimo legal vigente (smlv).
Guillermo Berrio, socio BPO de Crowe Co, subraya que “más allá del aumento final o del ideal del ingreso digno, el país se enfrenta a un efecto dominó financiero que impactaría simultáneamente a las familias y al tejido empresarial”. Este análisis recalca que la verdadera medida de la negociación se medirá por la liquidez disponible, no solo por el porcentaje de incremento acordado.
La situación económica del país presenta cifras que alimentan la controversia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual a octubre se ubicó en 5,51%. Sin embargo, algunos sectores esenciales para los hogares, como restaurantes (7,61%), educación (7,34%) y salud (6,50%), superan ampliamente el promedio general.
En cuanto a la productividad, la Productividad Total de los Factores (PTF) creció 0,91% en el tercer trimestre, mientras que la productividad laboral experimentó una caída de -0,32%. Así, las estimaciones de Fedesarrollo sitúan el rango técnico de aumento del salario mínimo entre 6% y 7%. Sin embargo, el Gobierno propone un ajuste del 11% para acercar el salario mínimo al umbral del “ingreso digno”, cifra que supera el cálculo técnico de incremento estimado en 8,94%.
El informe de Crowe Co detalla que el aumento del salario mínimo en 2026 activará al menos 30 recálculos automáticos que impactarán directamente la liquidez de familias, contratistas, comercios y pymes. Entre los rubros más afectados se encuentran:
- Aportes de trabajadores independientes a salud y pensión.
- Arriendos.
- Cuotas judiciales.
- Pensiones escolares.
- Comparendos.
- Servicios personales.
El documento ejemplifica que quien hoy aporta $100.000 deberá prever un desembolso cercano a $108.940, aun cuando sus ingresos no crezcan en la misma proporción. Además, una cuota judicial equivalente a un salario mínimo pasará de $1.423.500 a $1.550.800, lo que representa un alza mensual de $127.300.
Para las pymes, el costo laboral total por trabajador, que incluye salario, prestaciones y recargos, aumentará entre 8,5% y 9,3%, dependiendo del sector. Esta situación generará presión adicional especialmente en sectores con alta empleabilidad, como comercio, vigilancia, restaurantes y construcción, que ya lidian con la reducción de la jornada laboral a 44 horas, elevando el costo por hora a $6.189.
El informe de Crowe Co advierte que a mayor indexación de cobros y servicios al salario mínimo, más difícil será controlar la inflación de servicios en el primer trimestre de 2026. Analistas de Anif y Fedesarrollo coinciden en que un aumento elevado del salario mínimo puede impulsar el consumo a corto plazo, pero también encarecer bienes y fomentar la informalidad si no se acompaña de mejoras reales en la productividad.
Por tanto, el desafío radica no solo en el porcentaje de incremento salarial, sino también en la capacidad de los hogares para soportar el ajuste generalizado de pagos y servicios que se derivará del nuevo salario mínimo legal. La resistencia de la economía doméstica será puesta a prueba ante el impacto que tendrán estos aumentos en todos los aspectos del gasto familiar y empresarial.
