Las acusaciones de falta de transparencia y mala ‘praxis’ han estallado entre la formación política Vox y la organización juvenil Revuelta. La dirección de Vox, liderada por Santiago Abascal, ha denunciado esta organización y a su presidente, Jaime Hernández, ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Según Vox, Revuelta habría «captado cientos de miles de euros» mediante cuantiosas ayudas para las víctimas o afectados de la dana, sin que se pueda verificar si estos fondos «pagan impuestos». Además, Vox sostiene que Revuelta no había constituido una asociación propia, operando bajo la Asociación Social de Mayores (ASOSA) como su organización principal.
La controversia comenzó a tomar forma el pasado 5 de diciembre, cuando Arturo Villarroya, exvicepresidente de Revuelta y asesor del eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, junto a otro miembro de la junta directiva, Javier Esteban, presentó una denuncia ante la Fiscalía. En su informe, los exdirigentes de Revuelta expusieron «presuntas irregularidades graves», mencionando incluso una posible estafa en cuanto al destino de fondos y el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados. Afirmaron que resultaba «inaceptable» que Hernández y su equipo se hubieran apropiado de la asociación, gestionándola con ocultación y prácticas cuestionables. También acusaron a Hernández de arrastrar a Revuelta hacia un distanciamiento político y personal respecto a Vox por intereses personales. La Fiscalía ha admitido a trámite esta denuncia.
Poco después, Vox anunció que también había interpuesto su propia denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que fue adelantada por OkDiario y a la que ha tenido acceso ABC. En este documento se detallan las supuestas irregularidades que podrían afectar a la reputación de Vox, dado que existían lazos no oficiales entre Revuelta y la formación de Abascal. Reconocieron que habían apoyado públicamente las acciones de Revuelta debido a la confianza en que los miembros de su junta directiva eran trabajadores y afiliados de Vox, aunque no sabían que Hernández operaba sin una asociación propia.
Las irregularidades no se limitan a las acusaciones de los exdirigentes de Revuelta. En su denuncia, Vox también expresó preocupaciones sobre la falta de transparencia en la gestión de la organización juvenil. Según la formación, «no se ha convocado ni una sola Asamblea General ni Junta Directiva desde su constitución». Asimismo, denunciaron que no se han aprobado cuentas anuales ni presupuestos en ningún ejercicio, y que la web de Revuelta redirige a una pasarela de pago a nombre de ASOSA, creada por un trabajador de Vox usando medios telemáticos del partido. Esto significaría que las personas que se afilian a Revuelta en realidad estarían pagando a ASOSA.
Ante estas acusaciones, Revuelta ha contraatacado, afirmando que los exmiembros de la organización han difundido «acusaciones públicas inciertas por orden de arriba». Asimismo, aseguraron que no entregaron la documentación solicitada para evitar ser utilizados «por estructuras partidistas». Pepa Millán, portavoz en el Congreso de Vox, también recordó que Revuelta no forma parte oficialmente de la formación y que, por lo tanto, no comentarían sobre «las desavenencias o vicisitudes» del grupo.
Investigación en curso
La situación ha suscitado reacciones en el ámbito político. Nahuel González, diputado de Izquierda Unida integrado en Sumar y vicepresidente de la comisión de investigación por la dana, ha manifestado su intención de citar a Vox y a Revuelta para que respondan sobre las acusaciones de falta de transparencia. González afirmó: «La extrema derecha utilizó la buena voluntad de la gente para lucrarse y nos parece gravísimo, así que vamos a pedir que comparezcan en la comisión de investigación». Hasta el momento, Vox no ha realizado ninguna valoración sobre esta propuesta de Sumar.
Este enfrentamiento entre Vox y Revuelta pone de manifiesto no solo las tensiones internas en la formación, sino también cuestiones más amplias sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de fondos destinados a causas sociales. La falta de claridad sobre el destino de las ayudas generará sin duda un debate más amplio dentro del panorama político español.
