El reciente informe sobre la recaudación fiscal ha dejado al Gobierno español satisfecho, aunque esta satisfacción parece nunca ser suficiente para una administración que busca constantemente más ingresos. Hasta octubre de este año, el crecimiento en la recaudación por concepto de IVA fue del 9,6%, mientras que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aumentó un notable 17,3%. El Impuesto sobre Sociedades, por su parte, creció un 6,6%. Estos datos reflejan un incremento significativo en las arcas del Estado, algo que el Ejecutivo considera un éxito. Sin embargo, muchos cuestionan la justificación de esta voraz búsqueda de ingresos, especialmente en un contexto de creciente presión económica sobre la población.
Por otro lado, la inflación ha llegado al 3%, tras una ligera disminución de apenas una décima en noviembre, en gran parte gracias a la reciente bajada de los precios de la electricidad. A pesar de esto, la cesta de la compra sigue aumentando, lo que afecta directamente a la economía de los hogares. De hecho, los precios de los alimentos han experimentado un incremento del 35% desde la llegada del sanchismo al poder. Este fenómeno ha suscitado críticas sobre cómo el Gobierno ha optado por beneficiarse de esta situación económica para mantener políticas clientelistas, sin desgravaciones en el IRPF que alivien el impacto de la inflación en las rentas bajas y medias, que son las más afectadas.
La combinación de un aumento en la recaudación fiscal y el descontrol de la inflación ha llevado a muchos a cuestionar la ética de las políticas gubernamentales. Mientras que el Gobierno se enriquece, los ciudadanos que perciben ingresos más bajos ven cómo su poder adquisitivo se reduce drásticamente, algo que se hace aún más evidente en comparación con otros países europeos donde la situación no es tan crítica. Esta situación plantea un dilema moral: ¿es justo que un Gobierno se beneficie económicamente a costa del empobrecimiento de sus ciudadanos?
El balance es claro: el Ejecutivo está acumulando más recursos fiscales, pero a la vez está creando un ambiente donde muchos españoles sienten que están luchando para llegar a fin de mes. La percepción de que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para aliviar la carga fiscal sobre los ciudadanos se convierte en un tema candente de debate público.
La falta de medidas efectivas para aliviar la presión fiscal en un contexto de inflación creciente sugiere una desconexión entre las políticas gubernamentales y la realidad que enfrentan muchos españoles. Los críticos argumentan que el Gobierno debería considerar una deflacción del IRPF y otras medidas que prioricen el bienestar de la población por encima de sus intereses recaudatorios. En última instancia, el desafío que enfrenta el Gobierno no es solo financiero, sino también de legitimidad y confianza ante una ciudadanía que se siente cada vez más empobrecida.
