La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida comúnmente como ‘banco malo’, ha iniciado un proceso licitatorio para encontrar una empresa que se encargue de certificar que unos 12.000 activos inmobiliarios, que incluyen tanto viviendas como suelos, cumplen con los requisitos necesarios para ser transferidos al nuevo parque público de alquiler asequible, gestionado por Sepes, que ha sido reestructurado como Casa 47.
Esta iniciativa se inscribe dentro de los planes del Gobierno español para fomentar un parque público de viviendas en alquiler a precios asequibles. Actualmente, se han identificado 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos que podrían integrarse en este parque, con un valor de mercado aproximado de 5.900 millones de euros. Se estima que estos activos tienen la capacidad de albergar más de 55.000 viviendas.
El valor del contrato para la certificación de estos activos asciende a 4,4 millones de euros, IVA incluido. Las empresas interesadas en participar en la licitación tienen hasta el 17 de diciembre a las 10:00 horas para presentar sus ofertas.
Para que las viviendas de Sareb sean incorporadas al parque público, el Consejo de Ministros estableció el pasado verano una serie de criterios que deben cumplirse. Estos incluyen requisitos geográficos, donde las propiedades deben estar situadas en ciertas áreas y municipios, así como criterios económicos relacionados con el valor de tasación y el precio por metro cuadrado. También se exigen condiciones técnicas que aseguren que los edificios y hogares no presenten «patologías estructurales» y que tengan adecuadas condiciones de habitabilidad.
En su justificación para lanzar esta licitación, Sareb señala que no cuenta con los medios, recursos ni acreditaciones profesionales necesarias para certificar directamente el cumplimiento de los requisitos dentro de los plazos y el alcance previstos. Además, la licitación responde a la «necesidad de atender» la solicitud realizada por Sepes, según ha informado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien anunció recientemente que se entregará la documentación que acredite que los inmuebles a transferir cumplen con los requisitos del Consejo de Ministros.
La empresa que resulte adjudicataria deberá llevar a cabo visitas a todos los activos de cada inmueble, que incluyen viviendas, garajes, trasteros y zonas comunes. En el caso de los suelos, también será necesario verificar su estado, la necesidad de limpieza, la existencia de vallados, posibles ocupaciones o edificaciones ya existentes. Tras estas evaluaciones, la empresa deberá emitir un informe de certificación que incluya un ‘check list’ con los requisitos revisados, así como evidencia fotográfica de la visita y un informe en caso de encontrar incidencias que impidan la certificación y el traspaso del activo.
Para cada activo encargado, la empresa contará con un máximo de 20 días hábiles a partir de la notificación formal del encargo. Este plazo podrá ampliarse hasta en 10 días hábiles si se detectan problemas durante la visita inicial, y hasta cinco días naturales más por causas no imputables a la empresa adjudicataria.
La expansión del parque de alquiler asequible es una respuesta a la creciente demanda de vivienda en España, especialmente en un contexto donde los precios de la vivienda han aumentado considerablemente en los últimos años. Iniciativas como esta no solo buscan facilitar el acceso a la vivienda, sino también optimizar los recursos del ‘banco malo’, que ha estado bajo el escrutinio por su gestión de activos desde su creación tras la crisis financiera.
