El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes para las sociedades europeas, al igual que la independencia energética o la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, a diferencia de estos problemas, la crisis habitacional exige acciones inmediatas, ya que la dificultad para acceder a una vivienda está obstaculizando la cohesión social y la competitividad económica de Euskadi.
Hoy, el foro Zedarriak ha presentado una estrategia que busca abordar esta problemática estructural mediante un enfoque “transversal”, promoviendo la cooperación entre los sectores público y privado. A través de esta colaboración, se espera ofrecer soluciones que no solo respondan a las demandas del mercado, sino que también consideren la vivienda como un derecho fundamental y un asunto de cohesión social.
Diagnóstico de la situación actual
El séptimo informe del foro, que incluye aportaciones de diversos actores del ámbito empresarial y académico, se centra específicamente en la crisis de vivienda tras abordar previamente cuestiones como la educación y la migración. En el documento, presentado en Bilbao, Zedarriak evalúa la situación actual y propone una serie de medidas que incluyen la creación de un fondo de capital riesgo con usufructo vitalicio y un consorcio vasco de la vivienda para facilitar una gobernanza cooperativa.
El informe señala que los precios de la vivienda “superan la capacidad adquisitiva de la mayoría de los hogares”, convirtiendo el acceso a una vivienda en un “factor de precarización estructural”. Esto ha bloqueado la emancipación de los jóvenes, afectando aspectos como la natalidad, la movilidad laboral y el dinamismo social. Además, la falta de vivienda asequible contribuye a aumentar la brecha social y de desigualdad en la región.
Retos y propuestas para el futuro
El informe también identifica varios retos que requieren la colaboración entre los sectores público y privado. Entre ellos, destaca el desafío demográfico, ya que muchas viviendas necesitan adaptarse a una población que envejece y que requiere cuidados asistenciales. A esto se suma el reto climático, dado que la mayoría del parque habitacional actual no está diseñado para ser energéticamente eficiente.
En relación a la oferta de vivienda, Zedarriak estima que hay aproximadamente 43 000 viviendas vacías en Euskadi, de las cuales unas 25 000 podrían ser movilizadas. Para activar este potencial, el foro propone implementar incentivos fiscales, garantías públicas y colaboración con empresas gestoras, con el objetivo de movilizar 10 000 viviendas en los próximos cinco años.
En el ámbito financiero, una de las propuestas más innovadoras es la creación de un fondo de capital riesgo que podría operar en ciertas circunstancias, permitiendo a los propietarios convertir su patrimonio inmobiliario en liquidez sin perder su hogar. Este mecanismo podría beneficiar a personas en la última etapa de su vida que deseen vender su vivienda para generar oferta de alquiler mientras continúan habitando en ella.
El foro también aboga por no demonizar a los fondos de inversión, sugiriendo que su actividad debe orientarse en consonancia con las políticas públicas, aunque critica la gestión de los llamados ‘fondos buitre’. “A los fondos de inversión hay que ponerles reglas, pero pueden ser parte de la solución”, indicaron los portavoces de Zedarriak.
Finalmente, el informe reconoce los avances del actual Plan de Vivienda del Gobierno Vasco, aunque subraya que la magnitud del problema requiere una estrategia nacional que combine políticas públicas sólidas, colaboración público-privada y nuevos modelos de gobernanza. Esto incluiría la creación de un consorcio vasco que unifique los distintos marcos de actuación de las administraciones implicadas.
