El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su disposición a invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, lo que ha generado un fuerte desafío legal por parte de las autoridades de Illinois. Este enfrentamiento ocurre en un contexto de creciente tensión entre los estados gobernados por el Partido Demócrata y la Administración republicana, especialmente en medio de una polémica operación de control migratorio en la tercera ciudad más grande del país.
La solicitud judicial se presentó el lunes, justo después de que un juez bloqueara el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregón. Mientras que el juez de Illinois se negó a detener inmediatamente la orden presidencial, la demanda plantea que la intervención militar es innecesaria y que la participación federal solo ha incrementado la violencia en las calles. Durante un fin de semana marcado por la tensión, se reportó que una mujer fue herida por un agente federal durante un incidente con vehículos de la Patrulla Fronteriza.
Reacciones de las autoridades locales
El superintendente de policía de Chicago ha rechazado las insinuaciones de que sus oficiales se alinean con el Gobierno en situaciones de conflicto, afirmando que su prioridad es la seguridad de la comunidad. En este sentido, JB Pritzker, gobernador de Illinois, ha criticado abiertamente el uso de reservistas en lo que considera un intento político de militarizar las ciudades. «Donald Trump está utilizando a nuestros reservistas activos como instrumentos políticos y peones en su esfuerzo ilegal», declaró Pritzker.
La demanda presentada en los tribunales de Illinois sostiene que «estos avances en la ‘guerra’ declarada por el presidente Trump contra Chicago e Illinois son ilegales y peligrosos», enfatizando la necesidad de proteger a los ciudadanos de lo que se percibe como una amenaza de ocupación militar.
La Ley de Insurrección y su controversia
En declaraciones a los medios, Trump insinuó que podría activar la Ley de Insurrección «si fuera necesario», especialmente si los tribunales o funcionarios locales obstruyen sus planes. «Lo haría si fuera necesario. Hasta ahora no lo ha sido. Pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón», afirmó desde el Despacho Oval. Esta ley, promulgada en 1807, permite al presidente movilizar al ejército para realizar funciones policiales en circunstancias extraordinarias, aunque su uso ha sido objeto de controversia y debate.
Trump ha argumentado que esta medida sería un último recurso para restaurar el orden en ciudades que ha descrito como «agujeros del infierno» y que son peores que Afganistán. La Casa Blanca, además, se prepara para apelar el bloqueo judicial respecto al despliegue en Portland, que permanecerá en vigor al menos hasta el 19 de octubre.
Los legisladores demócratas han dejado claro que continuarán luchando contra las acciones de la Administración Trump, defendiendo a los ciudadanos estadounidenses de lo que consideran una amenaza inminente. La escalada de esta situación en Chicago pone de manifiesto las tensiones políticas en un país cada vez más polarizado.
