El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, ha presentado ante el juez del caso de Begona Gómez más de 100 correos electrónicos que recibió de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora, Cristina Álvarez. Esta declaración se enmarca dentro de la investigación por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
La relación de Doadrio con Gómez se inició en 2020, tras la firma de un convenio para establecer la cátedra de Transformación Social Competitiva, y se extendió hasta finales de 2022, mayoritariamente a través de correos electrónicos. A medida que avanzó el tiempo, los intercambios se realizaron principalmente con Álvarez, a quien Doadrio describió como la persona de máxima confianza de Gómez.
Detalles de la investigación
Doadrio también relató cómo Álvarez acompañó a Gómez en diversas visitas a la universidad, participando en actividades relacionadas con la cátedra. Un momento significativo fue su papel como fotógrafa en la reunión de creación de la cátedra el 30 de octubre de 2020. En este contexto, el juez Juan Carlos Peinado ha programado las declaraciones de Gómez y Álvarez para los días 10 y 11 de septiembre de este año, respectivamente.
El juez ha indicado que hay indicios de uso indebido de recursos públicos en beneficio de actividades privadas vinculadas a la cátedra. Uno de los correos clave en la investigación es uno enviado por Álvarez a una representante de Reale Seguros en febrero de 2024, donde solicitaba la continuidad del patrocinio para la cátedra. En este mensaje, se incluía una posdata atribuida a Gómez, expresando su deseo de que la empresa siguiera como patrocinador, aunque con una cantidad inferior.
Uso indebido de recursos y software
La investigación también abarca el uso de un software desarrollado por empresas privadas para el máster que dirige Gómez. Según Doadrio, este sistema, diseñado para medir el impacto de las pymes en el entorno social, fue registrado a nombre de Gómez, cuando originalmente iba a estar al servicio de la universidad. La asesora Álvarez mencionó que necesitaban esta plataforma para las prácticas del máster, a pesar de que la titularidad legal del software debería corresponder a la Universidad Complutense.
El exvicerrector añadió que, aunque inicialmente se comunicaba con Gómez a través del correo institucional de la UCM, posteriormente Álvarez le solicitó usar una cuenta personal de Gmail para facilitar la gestión de los mensajes. Álvarez gestionaba la agenda, reuniones y desplazamientos de Gómez, actuando como interlocutora habitual en cuestiones relacionadas con la cátedra.
La Audiencia Provincial de Madrid respaldó en junio de 2025 esta línea de investigación, sugiriendo que podría haber existido una desviación de medios públicos al servicio de fines privados. Actualmente, Gómez está imputada por cinco delitos: malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en los negocios, según detalla El Confidencial.
