El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sido imputado por un juzgado de Tarragona, acusado de liderar una organización destinada a modificar leyes y reglamentos a cambio de beneficios económicos. Esta revelación pone de nuevo sobre la mesa la corrupción que ha asolado la política española, especialmente durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La situación invita a reflexionar sobre el legado del Partido Popular (PP) y su incapacidad para abordar los problemas que aquejan a España desde la tragedia del 11 de marzo de 2004.
En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el PP logró más de 10 millones de votos y 186 escaños, un mandato claro de los ciudadanos para restaurar el rumbo del país. Sin embargo, la administración de Rajoy se caracterizó por la inacción y la falta de reformas que hubieran podido corregir la crisis. La comparecencia de Rajoy el 27 de febrero de 2019 en el juicio del Supremo en relación con el separatismo catalán marcó un punto culminante de su gobierno, donde, ante la mirada atónita de los presentes, parecía más un acusado que un testigo.
Un legado de inacción y corrupción
La figura de Montoro, considerado el pilar económico del Gobierno de Rajoy, fue cuestionada por su falta de preparación en su declaración ante el Supremo. Tras varios meses de inacción frente a un dèficit público disparado, su estrategia se centró en aumentar los impuestos a las clases medias, mientras las grandes empresas disfrutaban de ventajas fiscales. A finales de 2013, el ímpetu reformador del gobierno se había estancado, y la única reforma significativa fue la laboral, considerada tímida y parcial.
Los enfrentamientos entre Montoro y otros miembros del gabinete, como el entonces ministro de Industria José Manuel Soria, evidencian la falta de cohesión y la lucha de intereses dentro del Gobierno. El debate sobre las reformas en el sistema energético dejó al descubierto la verdadera naturaleza de la administración, donde se priorizaban los intereses de las empresas por encima del bienestar público.
Implicaciones de la imputación
La imputación de Montoro, junto a otros 27 investigados, resalta la corrupción sistémica que ha arraigado en el país. Según el ex director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, la corrupción en España se caracteriza por un trípode: el político corrupto, el empresario corruptor y la administración que colabora o mira hacia otro lado. Este fenómeno ha generado un ambiente en el que la presunción de inocencia se ha visto socavada, principalmente en la relación entre la ciudadanía y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
La historia de Montoro como ministro ilustra cómo el poder puede ser utilizado para castigar a los críticos, creando un entorno hostil para la libertad de expresión y la crítica constructiva. Esta dinámica ha dejado huellas profundas en la política española, donde la corrupción parece haber encontrado un lugar privilegiado.
La sombra de Mariano Rajoy sigue presente, mientras el PP enfrenta las consecuencias de su legado. Desde 2011 hasta 2019, el partido perdió casi 6,5 millones de votos y 120 escaños. La corrupción ha llevado al PP a una crisis de identidad y a una pérdida significativa de apoyo popular, mientras Pedro Sánchez continúa en el poder, a pesar de las acusaciones que también pesan sobre su gobierno.
Las próximas elecciones serán un banco de pruebas para el PP, que deberá demostrar que ha aprendido de sus errores y que puede ofrecer una alternativa real a la corrupción y a la inacción que marcaron la era de Rajoy. Se avecina un “test Nadal” para el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien deberá lidiar con los fantasmas del pasado mientras intenta reconstruir la confianza de los votantes.
