El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un avance significativo en el ámbito de la vivienda en la Comunitat Valenciana, con más de 4.000 viviendas de protección pública actualmente en proceso de licitación, adjudicación o construcción. De estas, 627 son promovidas directamente por la Generalitat, mientras que más de 3.000 se desarrollan a través de colaboración público-privada.
Durante un evento en el que se firmó el Acuerdo por la Vivienda, Mazón subrayó la importancia de este plan, afirmando que antes de que finalice el año se activarán 1.000 viviendas adicionales. “La vivienda es una prioridad y el Plan VIVE está dando resultados claros”, aseguró. Esta iniciativa beneficiará a más de 15.000 personas y representa una inversión superior a los 1.000 millones de euros.
Colaboración público-privada y nuevas normativas
Mazón destacó que la reciente modificación del decreto de viviendas protegidas ha incentivado el interés del sector privado, que ha solicitado la calificación de 1.200 viviendas este año. En su intervención, hizo hincapié en la necesidad de una gestión moderna y eficiente del parque de viviendas públicas, con el objetivo de ampliarlo y adaptarlo a las necesidades actuales.
El president anunció que se iniciará el proceso para aprobar en 2026 un nuevo decreto que regule la gestión, mantenimiento y acceso a estas viviendas, consolidándolas como un pilar de la política social. También abogó por una normativa que ofrezca seguridad jurídica, combata la ocupación ilegal y promueva el alquiler asequible.
Fomento de la vivienda protegida y ayudas al alquiler
Mazón defendió una planificación territorial sostenible y destacó la importancia de generar suelo urbanizable para viviendas protegidas asequibles. Como ejemplo, mencionó la Ley 2/2025, que facilita la reconstrucción tras la DANA, permitiendo la licitación de 70 viviendas industrializadas en Albal y Torrent.
El president también se comprometió a fortalecer el papel de cooperativas y entidades del tercer sector, facilitándoles acceso a suelo público y financiación adecuada. En este sentido, reclamó al Gobierno de España una tributación más justa para el sector, argumentando que “bajar impuestos dinamiza una necesidad social”.
El acuerdo firmado incluye medidas para incentivar la promoción y rehabilitación de viviendas, especialmente para jóvenes, así como la creación del distintivo VIVE para reconocer a empresas que apuesten por la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana.
Finalmente, Mazón concluyó que estas iniciativas son fundamentales para revertir la “situación crítica” de 2023, cuando la oferta de vivienda asequible era insuficiente y carecía de políticas adecuadas. Desde 2023, el Consell ha invertido más de 220 millones de euros, beneficiando a 44.500 personas y apoyando a más de 150 ayuntamientos, especialmente a colectivos vulnerables.
