La campaña electoral de las asociaciones para las elecciones al Consejo de la Guardia Civil ha tomado un giro sin precedentes al salir de los cuarteles y dar el salto a la calle. Por primera vez, candidaturas como la de la Asociación Profesional de Cabos (APC) han comenzado a publicitarse en marquesinas de autobuses y en la red de metro de Madrid, buscando captar la atención de los ciudadanos ante unos comicios que se celebrarán los próximos 28 y 29 de octubre.
El objetivo de la APC es claro: «ir a por todas» para mantener el vocal que actualmente tienen en el Consejo. En los carteles distribuidos, visibles en lugares cercanos a la Dirección General de la Guardia Civil, se aprecian las divisas de cabo mayor, cabo primero y cabo, acompañadas del lema: «Avanzamos comprometidos con el empleo». Con esta iniciativa, la asociación también desea que el público conozca el funcionamiento interno de la Guardia Civil y el papel de quienes defienden los intereses de sus agentes.
Reivindicaciones económicas y legales
La APC no es la única organización que ha hecho sentir su voz durante esta campaña. La Unió de Oficials (UO), que representa a los mandos del cuerpo, ha aprovechado el contexto electoral para dar a conocer un «bombazo» relacionado con una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio. Según la UO, los oficiales podrían reclamar hasta 8 000 euros anuales debido a cambios en el cálculo de las pagas extraordinarias en el sector público, que ahora incluyen complementos como nocturnidad y festivos como retribuciones fijas.
Esta redefinición implica que las pagas extras de los oficiales deben incluir el complemento específico íntegro, lo que podría representar un incremento significativo en su salario anual. La UO ya está preparando modelos de instancia para solicitar estas remuneraciones a la Dirección General.
Iniciativas en todo el territorio nacional
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha intensificado sus esfuerzos en esta recta final del proceso electoral. Su campaña se centra en compartir «testimonios reales» de compañeros que han recibido apoyo legal en momentos críticos, así como en llevar a cabo asambleas informativas para resolver dudas sobre cambios normativos. Esta asociación, la más antigua del cuerpo, ha realizado una pegada de carteles en la Dirección General con la participación de José Morata, un brigada que fue readmitido recientemente tras haber sido expulsado en 1997 por defender el derecho de asociación.
La AUGC busca conectar con sus afiliados y explicar el trabajo que realizan para la defensa de sus derechos. En este contexto, han llevado a cabo iniciativas en varias localidades, incluyendo mociones de censura en ayuntamientos de diversas orientaciones políticas, todas ellas centradas en la falta de medios para los agentes de la Guardia Civil.
Entre los logros recientes se destacan las peticiones realizadas en 17 consistorios independentistas de Cataluña, donde se ha solicitado que no se expulse a la Guardia Civil de la comunidad, argumentando que esto podría afectar la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales. Esta petición surge tras un encuentro entre representantes de la AUGC y el presidente del Consell de la Cerdanya, Isidri Chia Trilles, quien ha apoyado la extensión de la acción a la comarca de Pirineos.
En resumen, la campaña electoral de las asociaciones de la Guardia Civil está causando un impacto notable, no solo por su presencia en las calles, sino también por las reivindicaciones económicas y laborales que plantean, en un momento en el que la institución busca visibilidad y apoyo ciudadano.
