El caso de corrupción que involucra a Santos Cerdán ha tomado un nuevo giro, ya que sus abogados han presentado esta mañana un informe pericial ante el Tribunal Supremo. Este documento sostiene que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que implican al exasesor ministerial Koldo García, están «manipulados, gestionados o reconstruidos».
El informe, que consta de 57 páginas, busca rebatir la decisión del Alto Tribunal, que en julio desestimó cualquier indicio de manipulación en las grabaciones. Estas grabaciones fueron cruciales para el informe elaborado por la Benemérita en junio, el cual llevó al juez Leopoldo Puente a ordenar la prisión provisional de Cerdán, que permaneció cinco meses en la cárcel hasta su reciente liberación.
Argumentos de la defensa
El perito designado por la defensa ha concluido que, tras un análisis exhaustivo, hay un «conjunto convergente de incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas» en los audios. Según el informe, las grabaciones presentan anomalías que son incompatibles con un ciclo de vida digital nativo, destacando divergencias en la frecuencia de muestreo y el bitrate entre archivos que supuestamente fueron generados con la misma aplicación y dispositivo.
Las irregularidades que se mencionan no pueden ser consideradas accidentales ni atribuibles al funcionamiento normal del sistema operativo iOS. Además, el análisis técnico sugiere que los audios no cumplen con los requisitos mínimos para una identificación biométrica de locutores. Esto se debe a que presentan niveles bajos de relación señal-ruido, pérdidas de frecuencia y solapamientos acústicos, lo que compromete la fiabilidad del análisis vocal.
Implicaciones legales
Los peritos sostienen que, a raíz de estos hallazgos, no se puede afirmar científicamente que las voces analizadas pertenecen a una misma persona ni atribuirlas con seguridad a un individuo concreto. Este informe podría tener un impacto significativo en el futuro del caso, dado que la defensa busca demostrar la falta de fiabilidad de las pruebas en su contra.
Por otra parte, el juez Puente, al conceder la libertad bajo medidas cautelares, consideró que había disminuido el riesgo de destrucción de pruebas, obligando a Cerdán a comparecer cada 15 días en el juzgado y a la retirada de su pasaporte.
La situación sigue evolucionando y la defensa espera que estos nuevos argumentos lleven a una revisión de las decisiones judiciales previas, lo que podría alterar el rumbo del proceso en el que se encuentra inmerso Cerdán.
