El aumento de la criminalidad en Canarias ha alcanzado cifras alarmantes, con veinte asesinatos registrados en los primeros seis meses de 2025. Este incremento en la violencia ha colocado al archipiélago como la décima comunidad autónoma en cuanto a infracciones penales cometidas, según el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior.
Las estadísticas revelan un preocupante aumento en los homicidios y asesinatos, así como en otros delitos graves como los intentos de asesinato, secuestros, ciberdelitos y robos con violencia. Ceuta, la ciudad autónoma, se encuentra en la cima de esta lista, destacando la necesidad de una respuesta contundente ante esta realidad creciente.
Aumento de la violencia en cifras
Los datos reflejan un escenario que no solo afecta a la seguridad pública, sino que también genera una creciente preocupación entre los ciudadanos. En comparación con el año anterior, el número de muertes violentas ha aumentado considerablemente, evidenciando un patrón de criminalidad que requiere atención urgente. La situación es especialmente crítica en las áreas urbanas, donde la concentración de delitos es más alta.
Los ciberdelitos también han aumentado, mostrando que la criminalidad no se limita a la violencia física, sino que se extiende al ámbito digital, afectando tanto a particulares como a empresas. Los robos con violencia, por su parte, han generado un clima de inseguridad que ha llevado a la población a demandar más protección y medidas de seguridad efectivas.
Reacciones y medidas a tomar
Las autoridades locales y regionales han expresado su preocupación ante esta escalada de violencia. Desde el Gobierno de Canarias, se han iniciado conversaciones con el Ministerio del Interior para aumentar la presencia policial y mejorar la coordinación en la lucha contra el crimen organizado. La implementación de programas de prevención también se ha planteado como una medida necesaria para abordar las causas subyacentes de la criminalidad.
La situación actual ha intensificado el debate sobre la seguridad en el archipiélago y la necesidad de políticas más efectivas que garanticen la protección de los ciudadanos. La comunidad está cada vez más alerta y exige respuestas rápidas y eficaces para revertir esta tendencia preocupante.
