La banca española se encuentra en una encrucijada ante el aumento alarmante de las estafas cibernéticas. Un caso reciente es el de Mari, una mujer de 62 años que, tras recibir una llamada de un supuesto empleado de su banco, fue víctima de un engaño que le costó el dinero de su madre. Aunque en un primer momento desconfiaba, la persuasión del estafador y la apariencia legítima del número la llevaron a descargar una aplicación fraudulenta que resultó en la pérdida de varios miles de euros.
Este incidente no es un caso aislado; cada semana, España recibe un promedio de 1.951 ciberataques, un 7% más que el año anterior, según datos de Check Point Research. Aunque el sector financiero ha visto una ligera disminución en el número de ataques en comparación con otros sectores, sigue siendo uno de los más vulnerables. La Agencia de Ciberseguridad Europea (ENISA) destaca que el sector gubernamental lidera la lista de los más afectados, pero la banca no se queda atrás.
La evolución de las estafas
Un estudio de ENISA revela que las consecuencias de los ciberataques incluyen interrupciones operativas (58%), exposición y venta de datos sensibles (17%) y pérdidas financieras (13%). De hecho, el 70% de los fraudes exitosos requieren interacción humana, lo que pone de manifiesto que los delincuentes se centran en los eslabones más débiles de la cadena.
Entre enero de 2023 y junio de 2024, el fraude basado en suplantación de identidad aumentó un 60% en comparación con el mismo periodo anterior. Los atacantes utilizan canales como correos electrónicos, SMS y llamadas telefónicas para convencer a las víctimas de que están tratando con su banco real. Además, replican la interfaz de las aplicaciones bancarias, lo que incrementa su capacidad de persuasión.
Iniciativas y legislación en respuesta
Poco después de que Mari fuera víctima de la estafa, su banco tomó conciencia de la situación y envió un correo electrónico a sus clientes advirtiendo sobre la posibilidad de suplantación de su número oficial. En este mensaje, se enfatizaba que los gestores del banco «nunca» piden datos personales o contraseñas por teléfono.
Esta acción es un ejemplo de proactividad, pero no es suficiente. La banca, junto con el Ministerio de Economía, la Asociación Española de Banca y CECA, ha implementado diversas iniciativas para educar a los consumidores y mejorar su protección contra el fraude. Por otro lado, la llegada de la normativa DORA (Digital Operational Resilience Act) en enero de 2023, que incrementa la resiliencia operativa digital de las entidades financieras, es un paso importante hacia una mayor seguridad.
Asimismo, la futura entrada en vigor de la PSD3 promete una mayor autenticación del cliente y un control más riguroso sobre el acceso de terceros. Esta normativa buscará también potenciar métodos biométricos como el reconocimiento facial y de huellas dactilares para autorizar pagos, mejorando así la seguridad en las transacciones.
La historia de Mari y otros casos similares subraya que la transformación digital de la banca no es solo un tema tecnológico, sino también de confianza, educación y cultura de seguridad. La capacidad de la banca para anticipar riesgos y educar a los usuarios será crucial en la construcción de un ecosistema en el que la innovación y la seguridad coexistan de forma armoniosa.
El sector bancario español enfrenta un desafío crucial: protegerse de la ciberdelincuencia sin olvidar que detrás de cada transacción hay personas reales. Convertir la vulnerabilidad en confianza es el camino para fortalecer la seguridad en todo el sector y aprovechar cada brecha como una oportunidad para mejorar.
