Dos jóvenes y la madre de uno de ellos se enfrentarán a juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz por presuntamente estafar más de 20.000 euros a un hombre con discapacidad psiquiátrica. Los acusados, según la Fiscalía, habrían aprovechado su relación de amistad con el denunciante para obtener sus datos bancarios y financiar la compra de dos motocicletas de alta cilindrada, que luego revendieron.
Los hechos se remontan al verano de 2019, cuando los acusados, conscientes de que el denunciante padecía un 47% de discapacidad por esquizofrenia paranoide, supuestamente le convencieron para que avalara la financiación de una motocicleta. En este contexto, lograron que les entregara la fotocopia de su DNI y un recibo de su nómina de la Junta de Extremadura, además de vincular su teléfono al suyo.
El fraude en el concesionario
Con los documentos en su poder, los jóvenes acudieron a un concesionario de Badajoz y compraron dos motocicletas a través de financiación bancaria, a pesar de saber que no tenían solvencia para afrontar los préstamos. Uno de los jóvenes se identificó como el denunciante, mientras que el otro se presentó como su sobrino. Ambos actuaron «activamente» en la compra, presentando documentación y firmando en nombre del perjudicado.
Utilizaron métodos fraudulentos para suplantar la firma del denunciante, tanto de forma física como electrónica, engañando así a los vendedores y a las entidades bancarias. Los préstamos fueron domiciliados en la cuenta del denunciante, quien posteriormente se enfrentó a reclamaciones de deudas que no había contraído.
Las motocicletas y la complicidad familiar
El concesionario entregó las dos motocicletas, una Kawasaki valorada en 12.925 euros y una Honda de 7.602 euros, en agosto de 2019. Los acusados intentaron deshacerse de las motos para obtener dinero en efectivo; la Kawasaki fue puesta a la venta en Wallapop y se desconoce su paradero, mientras que la Honda fue transferida a la madre de uno de los investigados, quien, con ánimo de lucro, ayudó a ocultar y vender la moto a terceros por 3.000 euros.
La Fiscalía ha solicitado para los dos jóvenes una condena de 5 años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 15 euros por delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa. Para la madre, la Fiscalía pide un año y medio de cárcel por un delito de receptación. También se reclama la nulidad de los contratos de préstamo.
Por su parte, la acusación particular imputa a todos los acusados los delitos de usurpación del estado civil, falsedad de documento privado y público, y estafa, elevando las penas a un total de 11 años de cárcel. Además, demandan el reembolso del dinero de los préstamos y 15.000 euros por daños morales.
Las defensas, ejercidas por los abogados Cristina León y Sofía Montero, han solicitado la absolución de los acusados. En este contexto, las partes estaban convocadas en la Audiencia de Badajoz este jueves para intentar alcanzar un acuerdo, que no fue posible, fijándose el juicio para el próximo 11 de marzo de 2026.
