Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se enfrenta este miércoles a un juicio en el Tribunal Supremo por la filtración de los datos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La comparecencia, que ha captado la atención mediática, busca esclarecer las circunstancias que rodean este caso polémico y la defensa del fiscal, que se basa en la falta de pruebas que lo vinculen a la filtración.
La jornada de audiencias ha incluido declaraciones de diversas partes, desde el propio Alberto González Amador hasta miembros de la Fiscalía, quienes han sido convocados para aportar claridad sobre el asunto. García Ortiz deberá justificar por qué la investigación del caso González Amador no ha seguido los cauces habituales en situaciones de fraude fiscal y explicar su intervención en el proceso, que ha sido cuestionada por varios actores implicados.
Las implicaciones del caso y el silencio de los medios
El juicio está generando una serie de interrogantes que no benefician la posición de García Ortiz. Uno de los aspectos más controvertidos es la decisión del fiscal general de borrar datos de su teléfono móvil tras el inicio de la investigación, un hecho que levanta sospechas sobre su inocencia. En un caso de tal magnitud, la eliminación de posibles pruebas es vista como un acto que contradice la presunción de inocencia.
Además, la falta de información sobre la fuente que filtró los datos fiscales ha complicado aún más la defensa de García Ortiz. Los periodistas que han testificado en el Tribunal Supremo, amparándose en el secreto profesional, han rechazado revelar cómo obtuvieron la información, lo cual podría implicar a García Ortiz en la filtración, según alegaciones de varios testigos.
Declaraciones clave durante el juicio
Las declaraciones del fiscal Julián Salto, quien está a cargo del caso por fraude fiscal, aportaron una perspectiva crucial. Salto aseguró en su testimonio que la causa era «un fraude sin más» que normalmente no se reporta. Este hecho subraya la gravedad del caso y la necesidad de una investigación exhaustiva.
Por otro lado, la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, también ofreció detalles significativos. En la mañana de la filtración, recibió una llamada de García Ortiz en la que le preguntó si había sido ella quien divulgó los correos. Lastra recordó que la respuesta de García Ortiz fue evasiva, lo que dejó una impresión duradera sobre la gravedad de su implicación en el caso.
El juicio continúa y se espera que la defensa de García Ortiz presente sus argumentos en un contexto de creciente presión mediática y política. La resolución de este caso podría tener repercusiones significativas para la Fiscalía y la política española en general, en un momento ya de por sí tenso en el ámbito gubernamental.
