Expertos de la consultora PWACS han lanzado una alerta sobre la necesidad urgente de un regulador del agua en España, advirtiendo que la obsolescencia de las infraestructuras y las tarifas bajas ponen en peligro el modelo de gestión hídrica del país, reconocido a nivel mundial.
Según Juan Pablo López Heras, presidente de PWACS, el sistema de gestión hídrica en España, que se basa en cuencas hidrológicas y ha hecho del país un líder en la producción agrícola, enfrenta un «talón de Aquiles» en el déficit de inversión y su financiación. La infraestructura actual fue diseñada para una población de 30 millones de habitantes, mientras que la afluencia turística ha superado los 100 millones de visitantes anuales.
Desafíos del modelo hídrico español
A pesar de ser reconocido por su eficiencia, la realidad es que el modelo de gestión hídrica español se encuentra en una situación «muy delicada» y «también inestable». Para cumplir con la normativa de la Unión Europea, que establece la recuperación de costes de inversiones y gastos financieros, se requiere una renovación urgente de las infraestructuras existentes, que no cumplen con los estándares europeos.
Las tarifas del agua en España son de las más bajas de Europa, lo que no refleja el verdadero coste de la inversión ni los gastos asociados. PWACS identifica dos problemas principales: la incoherencia regulatoria y el hecho de que cada municipio actúa como juez y parte en la regulación tarifaria. Esta situación ha llevado a que las tarifas se mantengan artificialmente bajas, especialmente en años electorales, lo que dificulta la financiación necesaria para las infraestructuras costosas que el país necesita, como desaladoras y presas.
Propuesta de un regulador del agua independiente
Los expertos de PWACS concluyen que la solución a este problema radica en la creación de un regulador del agua independiente, que funcione de manera similar a los reguladores de energía, telecomunicaciones o transporte. Este nuevo organismo tendría la responsabilidad de establecer fórmulas tarifarias justas que aseguren la recuperación de costes y de inversiones en el sector.
La existencia de un regulador independiente podría reducir el riesgo asociado a las inversiones y facilitar la financiación a través de bancos y fondos de infraestructuras. Este enfoque no solo permitiría cubrir el déficit de inversión que actualmente asume la Administración Pública, sino que también ayudaría a España a cumplir con los compromisos establecidos por la Unión Europea.
Con su excelencia técnica en la gestión hídrica, España necesita urgentemente este marco regulatorio para asegurar la viabilidad a largo plazo de su modelo hídrico, beneficiando así a los ayuntamientos, a las empresas gestoras y, finalmente, a los ciudadanos que utilizan estos servicios.
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