La actuación de Silvia Intxaurrondo en la televisión pública ha suscitado un intenso debate sobre el papel del periodismo en una democracia. En lugar de ejercer como un contrapeso del poder, su enfoque ha sido criticado por convertirse en un vehículo de propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez, planteando serias cuestiones sobre la imparcialidad y la independencia de los medios públicos.
Sectores de la prensa en crisis
La función del periodismo en una democracia madura debería ser la de informar y cuestionar al poder. Sin embargo, la deriva de algunos comunicadores, especialmente aquellos alineados con el sanchismo, ha desdibujado esta frontera. Intxaurrondo, en su papel como presentadora, ha sido acusada de manejar sus entrevistas con un sesgo que favorece al Gobierno, relegando a las voces críticas a un papel secundario. Este fenómeno no solo afecta a la credibilidad de la periodista, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en la televisión pública.
Durante las entrevistas, Intxaurrondo muestra una clara preferencia por los miembros del Gobierno, a quienes interroga con una actitud condescendiente. En contraste, los críticos de la administración son sometidos a un tratamiento más agresivo, con interrupciones y preguntas que parecen diseñadas para acorralar a los entrevistados en lugar de fomentar un diálogo constructivo.
El impacto en la percepción del servicio público
La esencia de un medio público debe ser garantizar la equidistancia y el pluralismo, valores que parecen estar ausentes en la programación de RTVE bajo la dirección de Intxaurrondo. Su comportamiento ha sido descrito como un claro ejemplo de sectarismo, donde el concepto de «nosotros contra ellos» predomina, haciendo que la periodista actúe más como una comisaria política que como una profesional del periodismo.
Este tipo de sesgo en la información no es un hecho aislado; representa un método que se ha normalizado en ciertos espacios informativos. Los ministros y figuras afines al Gobierno disfrutan de entrevistas que les permiten presentar su discurso sin la más mínima fiscalización, mientras que los opositores se enfrentan a un interrogatorio que confunde la dureza con el activismo. La consecuencia de esta dinámica es una pérdida de legitimidad para RTVE, que debería ser un medio al servicio de todos los ciudadanos, no solo del partido que ocupa el poder.
El daño que provoca este sectarismo es profundo, ya que no solo compromete la figura de Intxaurrondo, sino que también pone en riesgo la percepción pública de los medios de comunicación. Cuando un periodista se convierte en un altavoz del Gobierno, se desdibuja la frontera entre el periodismo y la propaganda, dejando a la audiencia con la sensación de que RTVE está al servicio de Sánchez, y no de los españoles.
La labor del periodismo exige rigor, imparcialidad y valentía para cuestionar cualquier gobierno. Lo que ha mostrado Intxaurrondo es todo lo contrario: un servilismo disfrazado de profesionalidad que contribuye a la creación de un entorno mediático que favorece la propaganda institucional. La normalización de este comportamiento es preocupante, ya que pone en entredicho la misión esencial de los medios públicos en una sociedad democrática.
En resumen, el sectarismo de Silvia Intxaurrondo no se puede considerar un simple desliz; es un síntoma de cómo el sanchismo ha logrado colonizar espacios que deberían ser neutrales. La decisión de ciertos periodistas de renunciar a la crítica y abrazar la propaganda pone en jaque el futuro del periodismo en España, dejando a los ciudadanos con una única voz: la del poder establecido.
