La muerte de Jane Goodall, referente mundial en la conservación de grandes simios, ha reavivado la presión de las asociaciones animalistas sobre el Gobierno español para que impulse una ley que otorgue derechos a gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos. Un total de 105 ONG nacionales y 22 internacionales han solicitado una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Joaquín Bustinduy, para presentar un borrador de esta legislación que, según los firmantes, posicionaría a España “en la vanguardia internacional” en la defensa de estos animales.
Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas como Pedro Pozas, del Proyecto Gran Simio, y Marta Esteban, de Animal Guardians. Estas organizaciones recuerdan que el Gobierno tiene el mandato legal de presentar esta ley en un plazo máximo de tres meses tras la aprobación de la Ley de Protección de los Animales en 2023. Sin embargo, denuncian que el compromiso asumido por el anterior director de Derechos de los Animales, Antonio de la Vega, parece estar estancado bajo la dirección actual de Bustinduy, ya que solo han recibido respuestas “dilatorias”.
Derechos para seres sintientes
La iniciativa de reconocer derechos a los grandes simios no es nueva. Ya en 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una propuesta parlamentaria para dotar a estos animales de tres derechos fundamentales. Sin embargo, la propuesta no prosperó, en parte porque su aplicación literal habría implicado la liberación de los animales de los zoológicos. Ahora, Proyecto Gran Simio reitera que la ley debe “reconocer derechos básicos de seres que comparten con nosotros más del 98% de ADN y que han sido reconocidos en sentencias judiciales históricas”.
Las ONG argumentan que un reconocimiento jurídico situaría a los grandes simios en un estatus casi humano, lo que podría cambiar radicalmente su tratamiento en la sociedad. Esta situación invita a reflexionar sobre los derechos de los animales y su consideración en la legislación actual.
Desafíos jurídicos y éticos
Sin embargo, expertos en Derecho y Filosofía advierten que esta propuesta podría ser “un brindis al sol” si se interpreta en términos generales, dado que otorgar derechos y deberes reservados a los seres humanos plantea complejidades significativas. La idea de que los grandes simios puedan ser considerados “personas no humanas” abre un debate sobre la naturaleza de estos derechos y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico.
Así, mientras las organizaciones animalistas siguen presionando, el futuro de la legislación sobre los derechos de los grandes simios en España se mantiene en un limbo, a la espera de una respuesta clara del Gobierno. La muerte de Jane Goodall, por tanto, no solo marca el final de una era en la defensa de los animales, sino que también podría ser el catalizador para un cambio significativo en la legislación.