El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que su Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales para 2026, mientras las cuentas públicas de 2025 siguen sin aprobarse. Desde 2023, España se encuentra con los mismos presupuestos prorrogados, un hecho que suscita preocupaciones en el ámbito fiscal y económico.
El anuncio de Sánchez recuerda a su promesa del año pasado, cuando en septiembre se comprometió a presentar los presupuestos de 2025, un objetivo que finalmente no se cumplió. A pesar de sus afirmaciones, no se han presentado los objetivos de estabilidad presupuestaria, ni el Ministerio de Hacienda ha convocado la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, práctica habitual en julio. Según el presidente, los fondos europeos representan una vía alternativa para la modernización del país, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia en la gestión económica.
Modificaciones presupuestarias sin control parlamentario
El Gobierno se basa en un cambio normativo introducido durante la pandemia que permite realizar modificaciones de crédito sin necesidad de la aprobación del Congreso. Este cambio, que se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales de 2021, otorga al Gobierno la potestad de hacer transferencias presupuestarias a propuesta del titular de Hacienda, evitando las restricciones habituales.
Expertos en cuentas públicas advierten que esta situación ha llevado a una «opacidad legalizada», donde las decisiones de gasto se toman en el Consejo de Ministros sin el debido debate parlamentario. El economista Santiago Sánchez López señala que estas modificaciones se han convertido en un «atajo» para cambiar prioridades de forma arbitraria, lo que resulta en una falta de transparencia que impide conocer qué políticas pierden o ganan recursos.
Impacto en la inversión pública y la economía
La falta de unos presupuestos claros tiene implicaciones directas sobre la credibilidad de la política fiscal del Gobierno. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos, la prórroga de los presupuestos repercute negativamente en la planificación y ejecución de proyectos de inversión, especialmente en infraestructura, lo que puede afectar el crecimiento económico a largo plazo. Para converger con Europa, se estima que las administraciones públicas deberían aumentar su inversión en al menos 15 000 millones de euros respecto a los niveles actuales.
Recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha alertado sobre la falta de avances en el proceso presupuestario, señalando la ausencia de la orden de elaboración de los presupuestos y la falta de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según su informe, en un ciclo presupuestario normal, estos elementos deberían haberse materializado para la fecha de publicación del documento. Ante esta situación, la Airef ha recomendado al Gobierno iniciar «a la mayor brevedad posible» los procedimientos necesarios para la presentación de los presupuestos.
El panorama actual pone de relieve la incertidumbre y la necesidad de un control más riguroso sobre las modificaciones de los presupuestos, así como la importancia de establecer un marco de responsabilidad fiscal que garantice la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
