Según un reciente estudio presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un 79% de los españoles considera que debería prohibirse la publicidad de alimentos poco saludables destinada a los menores de edad. Esta investigación, conocida como el Barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas, fue impulsada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y llevada a cabo por Shopperview.
El estudio, que se dio a conocer en el evento titulado «De la evidencia a la acción: Regular la publicidad de los alimentos insanos», también revela que un 91% de los encuestados apoya la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. Además, un 54% opina que esta restricción debería extenderse a los menores de 18 años. Las entrevistas se realizaron a 1.000 personas entre 18 y 70 años que son responsables de las compras de alimentos en sus hogares.
El Ministerio ha destacado que estos resultados reflejan un respaldo significativo a la necesidad de proteger la salud infantil frente a prácticas publicitarias que fomentan el consumo de productos con un perfil nutricional poco saludable. En este contexto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció que en las próximas semanas se presentará una propuesta normativa para regular este tipo de publicidad, que se considera perjudicial para la salud de niños y adolescentes.
Bustinduy enfatizó la importancia de proteger a los escolares de anuncios que promueven alimentos ultraprocesados, que suelen tener un alto contenido en grasas, azúcares y sal, y que son muy calóricos pero poco nutritivos. El ministro también mencionó que otros países como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda y Suecia ya han implementado medidas similares para combatir la obesidad infantil.
Un informe de la Gasol Foundation indica que en España, un 80% de los menores consumen alimentos y bebidas consideradas no saludables. Bustinduy subrayó que las empresas del sector alimentario tienen la responsabilidad de no promover productos que comprometan el derecho a la salud de la infancia en el país. Esta acción normativa se plantea como una cuestión de salud pública y para garantizar los derechos de los menores, aun cuando implique poner límites a intereses comerciales.
