El 79% de la población española considera que la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a menores debería ser prohibida. Esta conclusión se extrae del Barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas, promovido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y realizado por Shopperview. El informe fue presentado el pasado lunes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El estudio, revelado durante el evento «De la evidencia a la acción: Regular la publicidad de los alimentos insanos», también indica que un 91% de los encuestados apoya la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, mientras que el 54% aboga por extender esta restricción hasta los 18 años. Para esta investigación, se entrevistó a 1.000 personas de entre 18 y 70 años que son responsables de la compra de alimentos para sus hogares, lo que refleja un fuerte apoyo social hacia la protección de la salud infantil frente a prácticas publicitarias que fomentan el consumo de productos con un perfil nutricional deficiente.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció que en las próximas semanas se presentará una propuesta normativa para regular este tipo de publicidad, que, según él, tiene un efecto perjudicial sobre la salud de los menores. Bustinduy enfatizó la necesidad de proteger a los escolares de estos anuncios y subrayó que España debe alinearse con organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la AESAN, que promueven la restricción de la publicidad de alimentos según su calidad nutricional como una estrategia clave para combatir la obesidad infantil, que afecta particularmente a las familias con menos recursos.
El Ministerio también destacó que la OMS advierte que la exposición a este tipo de publicidad incrementa la ingesta calórica y promueve el consumo de alimentos poco saludables y de escaso valor nutricional, lo cual tiene un impacto negativo y duradero en la salud de los niños. Además, se señaló que la publicidad de estos productos utiliza técnicas persuasivas que a menudo pasan desapercibidas entre los jóvenes, haciendo uso de influencers y figuras deportivas para su promoción, y apelando a un atractivo emocional que asocia estos productos con la diversión y el entretenimiento.
El ministro Bustinduy insistió en la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria que ejercen estos alimentos ultraprocesados, que son altos en grasas, azúcares o sal, y que resultan ser muy calóricos y poco nutritivos. Argumentó que esta es una práctica ya adoptada en otros países como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia. Según Bustinduy, un 80% de los niños y adolescentes en España consumen alimentos y bebidas poco saludables, según un informe de la Gasol Foundation sobre los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes en la población infantil y adolescente en España.
«Las empresas del sector tienen la responsabilidad de no promover el consumo de productos que perjudiquen el derecho a la salud en la infancia», afirmó el ministro, quien defendió la acción normativa en este ámbito como una cuestión de salud pública y una manera de garantizar los derechos de la infancia, aunque esto implique limitar el poder de los grandes intereses económicos.
