Meta ha decidido suspender la comercialización y difusión de anuncios relacionados con la política, elecciones y asuntos sociales en sus plataformas dentro de la Unión Europea. Esta medida, que entrará en vigor en octubre de 2025, surge como respuesta a la implementación del nuevo Reglamento sobre Transparencia y Orientación de la Publicidad Política (TTPA), el cual, según la compañía, introduce un nivel «insostenible de complejidad e inseguridad jurídica» para los anunciantes.
La normativa, que comenzó a aplicarse en abril de 2024 y será completamente efectiva a partir del 10 de octubre de 2025, tiene como finalidad prevenir la manipulación informativa y la injerencia de actores externos en los procesos democráticos del bloque. Entre otras disposiciones, el TTPA exige que los anuncios sobre temas políticos y sociales incluyan una etiqueta de transparencia, permitiendo a los usuarios identificar información clave sobre los patrocinadores, el proceso electoral relacionado, los montos invertidos y las técnicas de segmentación utilizadas.
Meta sostiene que el TTPA restringe considerablemente la manera en que los anunciantes pueden llegar a sus audiencias, lo que podría resultar en una menor relevancia de los anuncios para los usuarios. La empresa argumenta que esta situación representa una amenaza a los principios de la publicidad personalizada, ignorando los beneficios que aporta tanto a los anunciantes como a los consumidores.
Desde 2018, Meta ha implementado diversas medidas para garantizar la transparencia en la publicidad política, incluyendo procesos de verificación que requieren la comprobación de identidad y ubicación de los anunciantes, así como la inclusión de una cláusula de exención de responsabilidad que indique «pagado por». Además, los anuncios se archivan en una biblioteca de publicidad, donde cualquier usuario puede acceder a información sobre su segmentación y gasto.
No obstante, la compañía argumenta que las nuevas obligaciones impuestas por el TTPA añaden complejidad a estos procesos, creando una mayor inseguridad jurídica para anunciantes y plataformas operando en la región. Según Meta, esta legislación la obliga a modificar sus servicios para ofrecer un producto publicitario que no satisface ni a anunciantes ni a usuarios, sin garantías de que dichos cambios sean considerados conformes por las autoridades.
La empresa señala que las obligaciones regulatorias están eliminando del mercado productos y servicios populares, reduciendo así la variedad y competencia disponibles. Además, aclara que esta decisión se limita exclusivamente a la Unión Europea, permitiendo que tanto los usuarios como los actores políticos de la región continúen debatiendo y publicando sobre asuntos políticos y sociales, aunque ya no podrán promover este tipo de contenido mediante soluciones publicitarias pagadas.
Por su parte, la Comisión Europea ha establecido un marco jurídico sólido para combatir la desinformación y la injerencia extranjera en los procesos democráticos. Una de las piezas clave de este esfuerzo es la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las plataformas a abordar con diligencia la presencia de contenido ilegal, incluida la desinformación.
En abril de 2024, la Comisión Europea abrió una investigación contra Meta, tras considerar que la empresa no estaba haciendo lo suficiente para frenar la propagación de información falsa proveniente de actores externos, particularmente desde Rusia, en el contexto de las elecciones europeas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró en ese momento que “la Comisión ha creado mecanismos para proteger a los ciudadanos europeos de la manipulación y la desinformación orquestadas por terceros países. Si detectamos posibles violaciones, actuamos, especialmente durante los procesos democráticos”.
