El reciente fallo del Tribunal Constitucional ha llevado a la anulación de 29.400 multas impuestas en Madrid y Barcelona durante el periodo del estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19. Este fallo considera inconstitucionales ciertos preceptos del decreto que reguló la restricción de derechos, lo que ha forzado a ambos ayuntamientos a gestionar la devolución de más de 11 millones de euros en sanciones.
Anulación de multas en Barcelona
En Barcelona, el impacto ha sido notable, con un total de 25.368 multas afectadas. De estas, 19.763 han sido directamente anuladas, mientras que 5.605 corresponden a sanciones que ya fueron pagadas y que deberán ser reembolsadas. El Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona ha informado que el importe total de este proceso de devoluciones asciende a 11.263.123,68 euros, de los cuales casi dos millones (1.845.307,79 euros) se corresponden a devoluciones ya tramitadas.
La administración catalana también ha anunciado que devolverá el importe de todas las multas del segundo estado de alarma, incluyendo los intereses, lo que podría significar un impacto económico aún mayor en la región.
Las cifras en Madrid
En la capital, Madrid ha tenido que reabrir los expedientes de sanciones que habían sido pagadas de forma reducida. Hasta ahora, se han anulado 4.414 multas, lo que representa una cifra considerablemente inferior a la de Barcelona. El total de las devoluciones en Madrid se eleva a 1.326.816 euros. No obstante, el Ayuntamiento ha señalado que no se puede determinar el total de intereses abonados en cada caso, debido a la falta de un registro estadístico que permita extraer estos datos sin una revisión manual exhaustiva.
El impacto de este fallo judicial no solo afecta a las finanzas de las ciudades, sino que también obliga a redefinir los criterios que se adoptaron durante la pandemia. La sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que las medidas urgentes impuestas durante el estado de alarma requerían, en su magnitud, la declaración de un estado de excepción, lo que ha llevado a una reevaluación de las restricciones impuestas.
En conclusión, la anulación de estas multas no solo representa una victoria para muchos ciudadanos que se sintieron agraviados, sino que también enfatiza la necesidad de un marco legal más claro y justo en situaciones de emergencia. Las administraciones locales ahora enfrentan el desafío de gestionar estas devoluciones masivas y garantizar que se cumplan los principios de justicia y transparencia.
