El sector de la sanidad privada ha expresado su rechazo a la reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), promovido por el Ministerio de Sanidad en el Consejo de Ministros. Esta norma tiene como objetivo priorizar la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha manifestado su «rechazo frontal» a esta iniciativa, considerando que invade las competencias de las comunidades autónomas. Según la patronal, «la norma parece nacer con escasas -cuando no nulas- posibilidades de prosperar».
Los datos aportados por ASPE indican que entre el 28 y el 42 % de la actividad hospitalaria en España se realiza en centros privados. Esto se traduce en un 33 % del total de intervenciones quirúrgicas, un 24,5 % de las urgencias atendidas, un 21,6 % de las consultas y un 22,6 % de los ingresos hospitalarios.
En el país existen 777 hospitales, tanto públicos como privados, de los cuales el 56 % son de titularidad privada, concentrando el 31 % del total de camas disponibles. ASPE señala que la nueva ley ataca la libertad de gestión de las comunidades autónomas y busca prohibir o limitar los modelos de colaboración público-privada que han sido válidos durante tres décadas.
La patronal recuerda que las autonomías han podido elegir entre gestión directa e indirecta, amparadas por la Ley 15/1997, que permite la colaboración con entidades públicas o privadas. Además, critican al ministerio, liderado por Mónica García, por «criminalizar» al sector sanitario en su conjunto.
ASPE también expresa su preocupación por la posible derogación de la Ley 16/2003, que refuerza principios esenciales como la equidad y la solidaridad en el SNS. La prohibición de los modelos de concesión administrativa podría limitar la capacidad de respuesta del sistema en un contexto marcado por listas de espera y saturación asistencial.
Por otro lado, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) defiende una colaboración público-privada que garantice la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria. Este instituto advierte que limitar la gestión de los servicios sanitarios podría obstaculizar el acceso y afectar negativamente a la calidad de atención, generando más dificultades en el acceso a los servicios.
Con la colaboración público-privada, se podrían aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia del sistema, algo que se vería comprometido si se restringen estos modelos.
