Los servicios públicos en Canarias se encuentran ante importantes desafíos, pero reducir su situación a un relato de fracaso sería injusto. La sanidad, la educación y las políticas sociales vinculadas a la atención a la dependencia operan en un entorno complejo caracterizado por el crecimiento demográfico sostenido y el envejecimiento de la población. A esto se suman la fragmentación territorial y la alta presión asistencial derivada del turismo y la movilidad.
No se trata tanto de la falta de políticas públicas, sino de la dificultad para adaptar los sistemas existentes a realidades cambiantes. La sanidad pública, por ejemplo, enfrenta una tensión constante, lo que se traduce en listas de espera y en la saturación de algunos servicios. Sin embargo, este sistema ha demostrado una notable capacidad de respuesta en situaciones difíciles, gracias al compromiso de sus profesionales y a una red asistencial que abarca todo el territorio insular.
El principal reto no solo radica en aumentar la inversión, sino en mejorar la planificación y optimizar los recursos, así como en reforzar la atención primaria para evitar que los hospitales se vean sobrecargados. Las infraestructuras necesarias y la gestión del personal son aspectos clave que deben abordarse en un horizonte medio.
En cuanto a la educación, es esencial consolidar los avances logrados y trabajar para reducir las desigualdades existentes. El sistema educativo canario ha experimentado mejoras en los últimos años, sobre todo en la formación profesional y en la atención a la diversidad. Sin embargo, persisten desigualdades territoriales y carencias en infraestructuras que requieren una intervención sostenida.
Más que reformas continuas, el sistema educativo necesita estabilidad, evaluación y continuidad. Es fundamental consolidar lo que funciona y corregir lo que no, sin necesidad de reiniciar el modelo en cada legislatura, lo que representa uno de los grandes retos para la administración educativa.
La atención a la dependencia es un ámbito que exige agilidad y una gestión pública cuidadosa. Aunque en Canarias se ha ampliado la cobertura del sistema, la tramitación sigue siendo demasiado lenta para muchas personas y familias. El desafío aquí es evidente: se requiere simplificar los procedimientos y reforzar los equipos técnicos sin comprometer las garantías.
La dependencia no es solo una política social, sino una inversión en bienestar y cohesión social, que debe ser tratada con un enfoque prioritario y transversal. En Canarias, es necesario planificar para una población diversa y en constante cambio. El Archipiélago no es únicamente una comunidad autónoma con particularidades geográficas, sino un territorio dinámico, con una población flotante, un envejecimiento progresivo y fuertes contrastes entre islas y municipios.
Esta complejidad obliga a diseñar servicios públicos que sean flexibles y coordinados. Aunque el crecimiento poblacional no es un problema en sí mismo, la falta de anticipación sí lo es. Integrar datos demográficos y proyecciones realistas en la planificación es una oportunidad para mejorar la gestión pública mediante la evaluación y el aprendizaje institucional.
Un aspecto clave que tiene un amplio margen de mejora es la evaluación de las políticas públicas. Medir resultados, compartir buenas prácticas y corregir errores no debe verse como una señal de debilidad, sino como un indicador de madurez institucional. La rendición de cuentas se presenta como una herramienta de mejora y no de crítica.
Por fortuna, los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Canarias no están ante un callejón sin salida, sino ante un momento de necesaria redefinición. Los retos son palpables, pero también lo son las oportunidades si la administración opta por una planificación, coordinación y continuidad efectivas. Fortalecer los servicios públicos no se limita a pedir más recursos y aumentar el gasto, sino a impulsar mejoras en la gestión y a pensar a medio y largo plazo.
