Durante años, la obesidad ha sido entendida como un problema que se reduce a elecciones personales, como la alimentación y la actividad física. Sin embargo, desde la salud pública se reconoce que esta visión es incompleta y, en muchos casos, injusta. La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, influenciada por determinantes sociales de la salud. Al considerar la perspectiva de género, el problema se vuelve aún más evidente.
Las mujeres presentan trayectorias de obesidad diferentes a lo largo de su vida y enfrentan un impacto desigual en términos de salud, estigmatización, acceso al diagnóstico y consecuencias laborales. En España, cerca del 20% de la población adulta vive con obesidad, pero esta cifra no se distribuye de manera uniforme. Las tasas más elevadas se encuentran en entornos socioeconómicos desfavorecidos, afectando especialmente a mujeres con menor nivel educativo y renta.
La obesidad no solo es un problema de salud, sino que también refleja cómo se distribuyen las oportunidades para llevar una vida saludable. En el caso de las mujeres, el riesgo de obesidad está afectado por factores biológicos como el embarazo, la menopausia y cambios hormonales, pero su impacto no puede ser comprendido sin considerar el contexto social en el que se manifiestan.
Las mujeres suelen cargar con una mayor responsabilidad en el cuidado de otros, lo que dificulta la conciliación laboral y reduce el tiempo disponible para el autocuidado, afectando su salud. Además, la obesidad femenina está relacionada con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, trastornos musculoesqueléticos y problemas de salud mental.
A pesar de los riesgos, muchos de ellos no se detectan ni se abordan a tiempo, en parte debido a los sesgos de género existentes en la atención sanitaria. Un factor especialmente dañino asociado a la obesidad es el estigma social, que es particularmente intenso en mujeres. La presión estética, la culpabilización y el juicio social no solo influyen en la autoestima, sino que también afectan la relación de estas mujeres con el sistema de salud. Muchas evitan buscar atención médica por miedo a ser juzgadas, minimizan sus síntomas o reciben mensajes centrados exclusivamente en su peso, sin una evaluación integral de su situación.
Las consecuencias de este estigma son conocidas: empeoramiento de la salud mental, mayor aislamiento social y peores resultados en salud. Combatir la obesidad sin abordar el estigma social resulta ineficaz y profundamente injusto. La obesidad no se soluciona con mensajes simplistas o recomendaciones individuales descontextualizadas.
La experiencia acumulada demuestra que los avances sostenidos se logran al actuar sobre los entornos: el acceso a alimentos saludables, el diseño urbano, el transporte, las condiciones laborales y una atención primaria accesible. Incluir la perspectiva de género en estas políticas no es un añadido ideológico, sino una condición necesaria para su efectividad. Esto significa diseñar intervenciones que consideren las realidades vividas por las mujeres, su carga de cuidados, su situación laboral y su acceso a recursos.
En Andalucía, esta reflexión es especialmente relevante. La comunidad presenta altas tasas de obesidad, estrechamente ligadas a la desigualdad social y territorial. El lugar de residencia influye en la salud: barrios con escasos espacios verdes, mala conexión de transporte público y una oferta alimentaria dominada por productos poco saludables generan condiciones que dificultan el cuidado de la salud.
Las mujeres andaluzas enfrentan una combinación de desafíos: mayor precariedad laboral, mayor carga de cuidados no remunerados y menos oportunidades para el autocuidado. Por ello, reducir la obesidad no puede depender únicamente del esfuerzo individual. Es necesario implementar políticas públicas que comprendan la salud como un fenómeno social y colectivo, integrando de forma real la perspectiva de género.
La obesidad es un claro reflejo de cómo las desigualdades de género impactan en la salud. Reconocer esta realidad no es solo un ejercicio académico, sino un compromiso con la equidad y la construcción de un sistema sanitario más justo, humano y eficaz.
