La investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos sanitarios adjudicados durante la pandemia por el Servicio Canario de Salud (SCS) ha entrado en una fase crucial. El decreto de incoación, datado el 7 de febrero de 2024, sigue activo y se han incorporado nuevas diligencias, así como medidas cautelares, según han confirmado fuentes cercanas a la causa.
Documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE indican que la instrucción se ha reforzado con la declaración de un testigo protegido, quien ha proporcionado información relevante para esclarecer los hechos. La investigación se centra en contratos de emergencia financiados con fondos europeos, destinados a la compra de mascarillas, tests rápidos, guantes y otros suministros críticos durante los primeros meses de la pandemia en Canarias.
Contratos bajo la lupa
El procedimiento examina si algunos expedientes presentan indicios de anomalías y cobros irregulares, así como la necesidad de aclarar decisiones que podrían no estar correctamente motivadas. La Fiscalía de la UE ha indicado que hay suficientes indicios para considerar que los hechos podrían constituir un delito de malversación de caudales públicos, afectando directamente a fondos de la Unión Europea destinados a la emergencia por covid-19.
La responsabilidad principal en la ejecución de varios expedientes investigados recae sobre Ana María Pérez Alfonso, directora general de Recursos Económicos del SCS durante la pandemia. La denuncia también apunta a la intervención del entonces director general del SCS, Conrado Domínguez Trujillo, cuya firma aparece en resoluciones clave de la tramitación. Se ha revelado que un tercio de los contratos covid del Gobierno de Torres fueron adjudicados a empresas ajenas al ámbito sanitario.
Anomalías y medidas cautelares
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de firma y sello de recepción de mercancía, así como documentación incompleta o duplicada. En algunos casos se han presentado packing lists sin numeración y otros documentos fotocopiados con distintas fechas. Estos hallazgos sugieren que se pudo recepcionar mercancía sin la validación adecuada, lo que plantea serias dudas sobre los controles ejercidos durante la recepción de los productos.
Un caso en particular llama la atención: en uno de los subcontratos investigados, la adjudicataria cambió la marca de las mascarillas inicialmente comprometidas por un producto etiquetado como «non medical», pese a que iba destinado a hospitales públicos del SCS. Esta situación pone en evidencia las anomalías que han rodeado diversas compras durante los meses críticos de la pandemia.
Las medidas cautelares adoptadas tras la instrucción refuerzan la idea de que la causa ha superado la etapa preliminar. Estas incluyen fianzas, la situación de libertad provisional de uno de los investigados y la preservación de toda la comunicación interna relacionada con los contratos de emergencia. La investigación avanza bajo la autonomía del Ministerio Público de la Unión Europea, supervisada por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Fuentes cercanas al caso afirman que estas acciones facilitarán que la causa llegue a juicio oral, una fase reservada para los procedimientos con una base probatoria sólida. La reconstrucción de la tramitación administrativa y los flujos de decisión será determinante para las conclusiones finales, ya que la Fiscalía Europea sigue abiertas todas las líneas de investigación, con el objetivo de determinar si la gestión de los contratos covid se ajustó a la legalidad o si existieron irregularidades que pudieron afectar a los fondos europeos.
