La reciente decisión de la Cámara de Diputados de Argentina de rechazar el veto del presidente Javier Milei a la declaración de emergencia de los discapacitados ha desencadenado un escándalo político de grandes proporciones. En un contexto donde la discapacidad se ha convertido en un tema sensible para la ciudadanía, la oposición ha conseguido los dos tercios de los votos necesarios para defender una ley que el Ejecutivo había desestimado, a pesar de su bajo coste para el Estado, equivalente a solo un 0,03% del PIB.
El debate en la Cámara baja se intensificó tras la filtración de informaciones que vinculan al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, con un esquema de sobornos que podría llegar hasta la oficina de Karina Milei, hermana del presidente y figura clave en su gobierno. Este escándalo involucra a otros colaboradores cercanos de Milei, como Eduardo «Lule» Menem y Martín Menem, lo que añade una capa adicional de complejidad y controversia.
Las declaraciones explosivas de Spagnuolo
Durante los debates, el diputado Esteban Paulón calificó la situación como un «jubileo de la corrupción», mientras que Christian Castillo, un legislador de izquierdas, acusó al gobierno de aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Las confesiones de Spagnuolo, amigo y antiguo abogado de Milei, revelan un mecanismo de corrupción en la contratación de laboratorios farmacéuticos. «Una novedad maldita», así calificó Pagni las prácticas corruptas que se llevarían a cabo en la oficina encargada de la atención de discapacidades.
A medida que la presión política aumentaba, Spagnuolo se vio obligado a dimitir. Sin embargo, su gestión ha quedado marcada por lo que algunos analistas han denominado «la política de la crueldad» del gobierno anarcocapitalista de Milei. La violencia policial contra personas discapacitadas ha dejado una huella dolorosa en la memoria colectiva, mientras que una silla de ruedas inflable, símbolo de protestas, se ha convertido en un elemento habitual frente al Congreso.
Consecuencias y reacciones en el gobierno
En lo que va del año, la ANDIS ha dado de baja más de 100 000 pensiones destinadas a personas con discapacidad, lo que ha generado un descontento generalizado. La situación se agrava al conocerse que Spagnuolo publicó en el Boletín Oficial resoluciones que contenían términos despectivos hacia este colectivo, lo que provocó una oleada de indignación.
En audios filtrados, Spagnuolo menciona conversaciones con Milei donde se refiere a los sobornos y a la posibilidad de que el escándalo estalle. Según sus declaraciones, Karina Milei recibiría un 3% del total de los sobornos relacionados con la compra de medicamentos. Esta grave acusación pone en entredicho la integridad del gobierno y su capacidad para manejar la crisis.
A raíz de estos escándalos, el abogado Gregorio Dalbon ha presentado una denuncia penal contra la familia Milei, así como contra Menem y Spagnuolo, por el cobro y pago de sobornos que afectan directamente a fondos públicos. La situación ha generado preocupación en la Casa Rosada, especialmente con las próximas elecciones de legisladores provinciales en septiembre y los comicios nacionales en octubre.
Mientras el escándalo continúa desarrollándose, las encuestas reflejan un panorama incierto para la ultraderecha en Argentina. La presión sobre el gobierno de Milei se intensifica, y la capacidad de su bancada para respaldar proyectos se ha visto comprometida, lo que podría tener repercusiones significativas en el futuro político del país.
