La situación de los centros de protección para menores migrantes en la Comunidad de Madrid es alarmante, con una sobreocupación que oscila entre el 130% y el 150% en los últimos meses. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha manifestado que estos centros están «tensionados y colapsados», lo que pone en riesgo el sistema de protección a la infancia en la región.
En declaraciones realizadas el 29 de agosto de 2023 tras un acto en Arganda del Rey, Dávila ha indicado que esta crisis ha sido provocada por «una política migratoria temeraria» del Gobierno central. «Llevamos ya dos años hablando del tensionamiento de nuestros centros. No lo decimos nosotros, lo dice nuestra capacidad de atención», ha señalado la consejera, quien ha añadido que se ha tenido que abrir un nuevo centro, el de La Cantueña en Fuenlabrada, debido a la sobresaturación existente.
Desafíos legales y recursos insuficientes
Respecto al cumplimiento del real decreto que regula el traslado de menores migrantes entre comunidades autónomas, Dávila ha afirmado que «el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre cumple la ley». Sin embargo, ha matizado que esta normativa se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte de 11 comunidades autónomas y que su tramitación está en curso, lo que requiere «mantener prudencia».
La consejera ha subrayado la necesidad de conocer mejor el plan del Gobierno para la acogida de los 647 menores migrantes que, según el Ejecutivo central, la Comunidad de Madrid debe recibir. «Necesitamos saber, por ejemplo, qué es lo que pretende hacer», ha añadido Dávila, refiriéndose a la orden del Tribunal Supremo que exige al Gobierno hacerse cargo de los 1 000 menores que se encuentran en Canarias solicitando asilo, indicando que han pasado casi 200 días sin que se haya atendido esta indicación.
La situación actual plantea un desafío significativo para los servicios sociales en la región, quienes deben gestionar la llegada y el bienestar de estos menores en un contexto de recursos limitados y creciente presión sobre los centros de acogida. La respuesta del Gobierno central y la coordinación entre comunidades autónomas serán cruciales para abordar esta crisis humanitaria de manera efectiva.
