El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha iniciado la implementación de sistemas de reconocimiento facial en los centros de salud de Melilla, como parte de un ambicioso plan de digitalización y modernización de la atención primaria. Este nuevo sistema permitirá que los pacientes se identifiquen mediante sus rostros en los accesos a las consultas, una medida que también se ha comenzado a aplicar en Ceuta.
Según han informado diversos medios nacionales, la iniciativa es parte del plan de transformación digital financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo declarado es agilizar la atención y automatizar procesos, como la entrada a consulta, mediante un registro biométrico que identifique al usuario a través de cámaras instaladas en las entradas de los centros.
Inquietudes sobre el uso de datos biométricos
No obstante, esta medida ha suscitado inquietudes en el ámbito sanitario y en organizaciones de defensa de los derechos digitales. Varias entidades cuestionan la necesidad, legalidad y proporcionalidad del sistema, especialmente al tratarse de datos biométricos tan sensibles como el rostro. Entre los sectores críticos se encuentran colectivos como Médicos del Mundo, la plataforma Xnet y el Consejo General de Colegios Médicos.
En el caso concreto de Melilla, Ingesa no ha emitido hasta ahora ninguna comunicación pública que detalle cómo funcionará el sistema, cómo se almacenarán los datos, qué entidad gestionará la información recogida o si los pacientes podrán optar por alternativas al reconocimiento facial. Tampoco se ha especificado si será necesaria la firma de un consentimiento explícito ni si existe algún protocolo de auditoría o control.
Ante la falta de información oficial, el medio local El Faro de Melilla ha intentado, sin éxito, recabar la versión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. En dos ocasiones distintas, separadas por una semana, se enviaron preguntas al organismo con el fin de esclarecer el marco legal, técnico y ético en el que se basa esta medida. Hasta la fecha de publicación de esta noticia, no se ha obtenido respuesta.
Reacciones de organizaciones y profesionales
La ONG Médicos del Mundo ha alertado que la incorporación de este tipo de tecnología puede generar nuevos obstáculos en el acceso a la salud. “Hay colectivos en situación irregular o sin habilidades digitales que podrían verse excluidos o temerosos de acudir a consulta si creen que serán registrados”, explican.
Desde la organización Xnet, se insiste en la falta de garantías legales: “No puede haber identificación obligatoria con rasgos faciales si no se ha regulado de forma estricta, y menos aún sin que exista una necesidad justificada y proporcionada”, han declarado sus portavoces. Asimismo, el Consejo General de Colegios Médicos ha expresado su preocupación por el uso de inteligencia artificial en entornos clínicos sin la debida transparencia ni evaluación de impacto previa.
Según su opinión, este tipo de medidas no deberían sustituir al componente humano de la atención sanitaria ni aplicarse sin controles ni un debate público adecuado.
Una de las principales preocupaciones expresadas por los colectivos críticos es el hecho de que Ceuta y Melilla sean las primeras en recibir esta tecnología. Aunque oficialmente no se ha confirmado debido a la falta de respuestas de Ingesa, algunos expertos consideran que ambas ciudades están siendo utilizadas como entornos de prueba por su tamaño y condición administrativa. El despliegue se produce en un momento de fuerte impulso institucional hacia la digitalización, pero la ausencia de comunicación clara y respuestas a las preguntas planteadas alimenta las dudas sobre su conveniencia y legalidad.
Mientras tanto, la instalación del sistema parece seguir avanzando en los centros de salud locales, y muchos profesionales sanitarios y pacientes aseguran desconocer los detalles del funcionamiento de esta tecnología. La falta de información por parte de Ingesa refuerza el malestar en torno a una medida que, a pesar de su potencial innovador, aún carece del consenso y la transparencia necesarios para su implementación plena.
