Un reciente informe elaborado por el escritor Peter McLoughlin ha generado una polémica considerable al abordar el fenómeno de las bandas de acoso sexual en el Reino Unido. Este documento pone de manifiesto la magnitud de los abusos que han afectado a miles de niñas y resalta las carencias del sistema de protección de menores en el país.
Las bandas delictivas, comúnmente conocidas como grooming gangs, han sido objeto de estudio durante años, pero el informe de McLoughlin proporciona una perspectiva renovada. En 2014, el Informe Jay sobre Rotherham ya había indicado que muchos condenados eran de origen paquistaní, aunque representaban solo una pequeña parte de la población local. Otros casos notables, como los de Oxfordshire o Telford, mostraron patrones similares, pero el autor sostiene que la etiqueta «paquistaní» no es suficiente ni precisa.
Composición de las bandas delictivas
El informe menciona ejemplos de grupos delictivos compuestos por personas de diversas nacionalidades, incluyendo orígenes somalí en Bristol, africano en Banbury, iraní en Chelmsford, y miembros de ascendencia albanesa, kurda, india, turca, bangladesí, iraní o iraquí en Newcastle. En la mayoría de estos casos, señala McLoughlin, los implicados compartían nombres tradicionalmente asociados al islam. Sin embargo, también reconoce la existencia de algunas pequeñas redes formadas por individuos no musulmanes.
McLoughlin estima que un 87% de los condenados entre 1997 y 2018 tenía nombres de origen musulmán. Este dato ha suscitado debates intensos y ha sido interpretado con cautela tanto por analistas como por las autoridades. El autor argumenta que definiciones como «bandas asiáticas» o «bandas paquistaníes» son engañosas y no reflejan la realidad de las comunidades, que no participan en este fenómeno delictivo.
Factores que influyen en el fenómeno
El informe también incluye opiniones de figuras públicas, como Trevor Phillips, quien en un artículo de 2017 sugirió que algunos agresores actuaban motivados por convicciones religiosas. McLoughlin enfatiza que esto no debe interpretarse como una representación de la población musulmana en su conjunto, pero sí aboga por un debate más claro sobre el papel que ciertas interpretaciones culturales podrían jugar en estos actos delictivos.
El texto critica que funcionarios y responsables públicos hayan evitado abordar ciertos aspectos del problema por temor a ser acusados de islamofobia, lo que ha obstaculizado investigaciones más profundas. Otros analistas señalan que la complejidad sociológica del fenómeno y la falta de recursos para detectar patrones de explotación son los verdaderos desafíos.
McLoughlin identifica ocho factores que podrían estar influyendo en la conducta de estos grupos delictivos, que incluyen jerarquías de superioridad religiosa, dinámicas de control en comunidades cerradas, visiones restrictivas del papel de la mujer, y prácticas matrimoniales no homologadas legalmente. Estas afirmaciones han sido objeto de críticas por parte de expertos en religión y criminología, quienes instan a evitar interpretaciones homogéneas sobre doctrinas complejas.
El informe finaliza con once propuestas para mejorar la transparencia en las investigaciones, registrar identidades de víctimas y acusados con mayor precisión, y formar a la policía en la comprensión de la influencia de creencias personales en testimonios o comportamientos. También se hace un llamado a líderes religiosos para que condenen explícitamente cualquier interpretación doctrinal utilizada para justificar abusos y a los políticos para que actúen con prudencia al referirse a las creencias de comunidades minoritarias.
