El Tribunal de Cuentas ha señalado importantes «deficiencias y debilidades» en la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla, según el informe de fiscalización operativa correspondiente a los ejercicios 2022-2023. Este documento, aprobado recientemente, evalúa el funcionamiento del organismo sanitario en la ciudad autónoma y concluye que no se garantiza una atención eficaz, eficiente ni de calidad.
La fiscalización ha examinado las actividades del Ingesa en el ámbito de la atención primaria y especializada, descubriendo que el modelo de gestión presenta una alarmante falta de planificación estratégica, carencias estructurales graves y la ausencia de mecanismos adecuados para controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Falta de planificación y recursos humanos insuficientes
Entre las conclusiones más destacadas, se subraya que el Ingesa carece de una planificación estratégica formalizada. Sin objetivos estratégicos medibles ni indicadores que permitan evaluar su cumplimiento, esta carencia obstaculiza la toma de decisiones informadas y limita la capacidad del sistema para adaptarse y mejorar.
El informe también critica la falta de una base de información sólida para la toma de decisiones, ya que no existen diagnósticos sobre las necesidades reales de la población ni sobre la efectividad de los servicios prestados. Esto compromete la eficiencia del sistema y genera un uso inadecuado de los recursos disponibles.
En cuanto a los recursos humanos, el informe destaca una elevada tasa de temporalidad entre el personal sanitario, lo que repercute negativamente en la estabilidad y calidad del servicio. La dotación de personal no se ajusta a las necesidades asistenciales, provocando sobrecargas de trabajo en determinadas áreas y dificultades para cubrir especialidades críticas.
Deficiencias en los sistemas de información y atención especializada
Otro aspecto preocupante es el escaso desarrollo de los sistemas de información sanitaria. Las herramientas tecnológicas disponibles no están integradas, lo que dificulta la recopilación y análisis de datos sobre la actividad asistencial. Esta situación limita la capacidad de los responsables sanitarios para tomar decisiones basadas en información objetiva.
El Tribunal de Cuentas también documenta demoras significativas en la atención especializada, incluyendo la asignación de citas y el acceso a tratamientos. Estas demoras afectan directamente la calidad percibida por los usuarios y pueden tener graves consecuencias clínicas en ciertos casos.
El informe concluye que no existen protocolos eficaces para priorizar la atención según la gravedad de los casos, lo que refleja una organización inadecuada que debe corregirse de manera urgente. No se aplican herramientas sistemáticas para evaluar el funcionamiento de los distintos servicios, lo que impide identificar áreas de mejora.
Para abordar estas deficiencias, el Tribunal de Cuentas ha emitido varias recomendaciones, entre ellas la necesidad de establecer un modelo de planificación estratégica realista y con objetivos medibles, mejorar la dotación de personal y optimizar los sistemas de información sanitaria. También se destaca la urgencia de mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y optimizar el uso de los recursos sanitarios.
En sus conclusiones, el órgano fiscalizador advierte que las deficiencias observadas comprometen la capacidad del Ingesa para ofrecer una atención sanitaria eficaz y de calidad en Melilla. Aunque el modelo actual cubre necesidades básicas, no garantiza el uso eficiente de los recursos públicos ni que se alcancen los estándares deseables de atención.
El informe ha sido publicado en la web oficial del Tribunal de Cuentas y será remitido al Congreso de los Diputados, que podrá solicitar comparecencias o adoptar medidas de seguimiento si lo considera necesario.
