El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha denunciado la «irresponsabilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez por adjudicar a la empresa china Huawei la gestión y almacenamiento de escuchas policiales, en un contrato valorado en 12,3 millones de euros. Según Bravo, esta decisión pone en riesgo la seguridad nacional y contraviene las recomendaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos.
El dirigente popular ha señalado que «nuestros aliados europeos y americanos advierten del alto riesgo que supone contar con una empresa china como proveedor en materiales sensibles». Además, se mostró desconcertado ante la decisión del Gobierno, resaltando que la información confidencial «podría ser utilizada por el Gobierno chino», basándose en la Ley de Inteligencia Nacional de China.
Preocupaciones sobre la seguridad nacional
Bravo ha llamado la atención sobre el hecho de que en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2023 se advirtiera sobre la influencia de China, pero que en los informes de 2024 y 2025 se eliminara «toda mención» a este país tras adjudicar el contrato a Huawei. El político del PP ha exigido «lealtad» hacia los socios europeos y ha afirmado que «no hay margen para la interpretación de este asunto».
En este contexto, Bravo ha advertido: “Si Sánchez pone en peligro los secretos del Estado, tendrá que explicar por qué y nosotros le preguntaremos donde haga falta, Congreso o Senado”. Por ello, el PP pedirá la comparecencia de los ministros Marlaska, Robles y Albares para que ofrezcan “explicaciones” sobre esta adjudicación calificada como de «alto riesgo» y solicitará el expediente íntegro y los informes de ciberseguridad.
Compromiso con la soberanía y la seguridad
El vicesecretario de Hacienda concluyó que el Gobierno «está jugando con fuego» y defendió la necesidad de «garantizar la máxima protección en los ámbitos estratégicos», especialmente ante los riesgos que representan potencias extranjeras. Bravo subrayó que la protección de la información sensible debe ser una prioridad para preservar la soberanía nacional y evitar vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad interna.
Recalcó que el PP seguirá vigilante y actuando para que se respeten los intereses de España y su ciudadanía, evitando concesiones que pongan en riesgo datos clave para la defensa y el orden público. Enfatizó que la defensa de la seguridad nacional no puede estar sujeta a decisiones políticas que comprometan la confianza de aliados internacionales ni pongan en peligro la integridad del Estado. Además, insistió en que la transparencia y el control parlamentario son indispensables para asegurar un manejo responsable de la información crítica.
