El Gobierno de España ha dado un paso significativo hacia la protección de la sanidad pública al aprobar hoy el borrador de una nueva ley. Este anteproyecto, propuesto por el Ministerio de Sanidad, tiene como objetivo frenar la privatización de los servicios sanitarios en el país.
La nueva legislación establece que la gestión privada de hospitales dentro de la red pública será una excepción y estará sujeta a estrictas limitaciones. Para que se permita esta gestión privada, deberá superar un riguroso proceso de evaluación realizado por un comité de expertos.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca garantizar que la gestión de los hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud (SNS) se mantenga en manos públicas, reafirmando la prioridad de la sanidad como un derecho fundamental para todos los ciudadanos.
Este movimiento se produce en un contexto de creciente preocupación entre la población sobre la posible privatización de servicios esenciales, que podría comprometer la calidad de la atención sanitaria. La ley tiene como finalidad asegurar que la atención médica siga siendo accesible y equitativa para todos.
Las autoridades han subrayado la importancia de mantener un sistema sanitario robusto y público, que no esté sujeto a las reglas del mercado, sino que responda a las necesidades de los ciudadanos.
