El Gobierno español ha reafirmado su oferta de una subida salarial del 11% para los funcionarios durante el periodo 2025-2028 en la reunión mantenida esta tarde con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Además, se ha comprometido a aprobar un Real Decreto-Ley este mes que permitirá un aumento salarial del 2,5% en diciembre, correspondiente al ejercicio 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año, según han informado fuentes sindicales.
La propuesta del Gobierno establece que la subida del 11% sería fija, a diferencia del acuerdo anterior que incluía componentes variables. Según indica CCOO, el deslizamiento de las tablas salariales podría elevar el incremento total al 11,45% entre 2025 y 2028. No obstante, el principal punto de desacuerdo radica en el porcentaje de subida para los años 2025 y 2026, que el Gobierno ha limitado a un 4% por ejercicio, un porcentaje que el sindicato considera “insuficiente”.
CCOO ha manifestado su intención de continuar las negociaciones, con la esperanza de alcanzar un acuerdo, aunque no descartan retomar movilizaciones o convocar una huelga general en el ámbito público si el Gobierno no muestra flexibilidad. “CCOO continuará en la negociación por responsabilidad y porque confía en que hay margen para un punto de encuentro”, ha advertido en un comunicado.
Las partes volverán a reunirse el próximo miércoles a las 18:00 horas para seguir discutiendo. El encuentro de esta tarde se ha prolongado durante más de cinco horas y ha sido presidido por Consuelo Sánchez Naranjo, secretaria de Estado de Función Pública. Este diálogo forma parte de las negociaciones abiertas para establecer un marco plurianual que incluya mejoras salariales y laborales para más de tres millones de empleados públicos.
El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos, vigente entre 2022 y 2024, contemplaba subidas con una parte fija y otra variable, permitiendo una elevación de los sueldos de los funcionarios en torno al 10%, en un contexto donde la inflación también rondaba el 10%, lo que supuso un gasto cercano a 13.000 millones de euros.
