El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, a iniciativa del Ministerio de Sanidad, al anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta normativa tiene como finalidad asegurar que la gestión pública prevalezca en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios.
La ministra de Sanidad expresó, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, que esta ley representa «un triunfo de la sociedad civil», que busca proteger el SNS de «las garras especuladoras y privatizadoras». En esta misma sesión, también se aprobó el anteproyecto de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y un Real Decreto para modernizar la financiación de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica.
Este nuevo anteproyecto reemplazará a la normativa de 1997 que permitió la entrada de modelos privatizadores como los de Ribera Salud o Quirón en Madrid. La propuesta actual pretende limitar la privatización, estableciendo requisitos adicionales para la externalización de la gestión de hospitales públicos y creando mecanismos de control más rigurosos.
«Es una ley que llevamos demandando desde hace más de diez años. Responde a un lema ampliamente conocido que es: «La sanidad no se vende y la sanidad se defiende»», afirmó la ministra García, subrayando que la privatización será la excepción y solo se permitirá cuando no sea posible la prestación pública y se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del servicio.
Además, se exige que las comunidades autónomas justifiquen la necesidad de concertar con la sanidad privada mediante un informe que será evaluado por un comité de expertos. La normativa prioriza los conciertos con entidades no lucrativas sobre aquellas que busquen obtener beneficios económicos.
La ministra también destacó que esta legislación pone fin a un ciclo iniciado con la ley de 1997, cerrando la puerta al lucro en la gestión pública. «Se prohíben expresamente las concesiones de obra en las que una administración contrata a una constructora para edificar un hospital y paga durante años», comentó, añadiendo que este tipo de gastos afecta negativamente a los presupuestos públicos.
Asimismo, la ministra aclaró que la ley no tiene como objetivo atacar modelos de colaboración público-privada sin ánimo de lucro, sino regular aquellos que han desviado recursos públicos hacia intereses privados. «Cualquier tentativa de externalizar servicios deberá demostrar que no se puede prestar con recursos propios», concluyó.
