El Tribunal Constitucional ha decidido suspender, a solicitud del Consejo de Ministros, las nuevas retribuciones que se habían fijado para el director del Servicio Canario de Salud (SCS), actualmente en manos de Adasat Goya. Esta suspensión afecta a la ley de presupuestos de la comunidad autónoma que se encuentra vigente, correspondiente al año 2025.
En particular, el alto tribunal ha anulado la disposición final cuarta de dicha ley, que estipulaba que el nuevo director del SCS «no percibirá retribuciones inferiores a las que viniera percibiendo en el puesto que desempeñaba con anterioridad a su nombramiento», sin importar si provenía del sector público o del privado. Esta decisión ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las retribuciones públicas en el contexto de las normativas estatales.
Además, el Tribunal ha suspendido cautelarmente la disposición final octava del presupuesto de Canarias de 2025, la cual se refiere a la regulación de los puertos deportivos. Esta disposición establece que la inversión en concesiones no puede ser inferior al 20%, mientras que la legislación estatal exige que este porcentaje supere el 50%.
Implicaciones del recurso gubernamental
El Consejo de Ministros decidió interponer un recurso contra estas disposiciones argumentando que el blindaje salarial del director del SCS infringe los límites de aumento salarial establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023. Según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, esta medida vulnera las regulaciones del Estatuto Básico del Empleado Público.
En cuanto a la cuestión relacionada con los puertos deportivos, se ha señalado que la normativa estatal exige que las inversiones se realicen en un plazo de seis meses, mientras que los presupuestos canarios contemplan un periodo de entre cuatro y seis años. Esta discrepancia ha llevado a la necesidad de revisar las normativas para garantizar que se ajusten a lo que establece la legislación nacional.
Reacciones y futuro del SCS
La suspensión de estas disposiciones ha generado reacciones diversas en el ámbito político y sanitario. Algunos sectores consideran que estas decisiones son necesarias para asegurar la transparencia y la legalidad en el uso de los fondos públicos, mientras que otros ven en ello una limitación a la autonomía de Canarias para gestionar sus propios recursos.
A medida que se desarrolla este caso, la atención se centra en las posibles soluciones que se puedan encontrar para cumplir con las exigencias legales sin comprometer la efectividad del Servicio Canario de Salud y su capacidad para atraer talento en un sector fundamental para la sociedad.
