La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) ha implementado cambios significativos en los requisitos para la obtención de la ciudadanía estadounidense a partir de 2025. Según un memorando oficial fechado el 15 de agosto de 2025, el organismo ha modificado su enfoque respecto a la evaluación del “buen carácter moral” de los solicitantes, exigiendo más que la ausencia de antecedentes penales.
Este nuevo marco busca una evaluación holística que considere no solo si el candidato ha cometido delitos, sino también sus contribuciones positivas a la sociedad estadounidense. Así, los aspirantes a la naturalización deberán demostrar aspectos como responsabilidad fiscal, participación comunitaria, educación, empleo estable, lazos familiares y una permanencia legal prolongada en el país.
Nuevos estándares de evaluación
Además, esta política amplía la evaluación a conductas legales pero “socialmente cuestionables”, que incluyen infracciones de tráfico reiteradas o comportamientos considerados inadecuados en la comunidad. Medios de comunicación como The Washington Post han señalado que esta directiva otorga mayor discrecionalidad a los oficiales de inmigración, quienes podrán valorar atributos subjetivos para determinar si un solicitante cumple con los nuevos estándares de carácter moral.
El cambio en la normativa también introduce la evaluación de posibles afiliaciones o posturas “antiestadounidenses”. Esto implica que se rastrearán opiniones extremistas o antisemitas en las redes sociales, lo que podría llevar a decisiones basadas en contenidos ideológicos, complicando aún más el proceso de naturalización.
Implicaciones para los solicitantes
Con la implementación de estas nuevas políticas, USCIS marca un giro importante en el proceso de naturalización. Ya no es suficiente demostrar que un solicitante no ha infringido la ley; ahora también debe evidenciar cualidades positivas alineadas con los valores cívicos. Esto incrementa la carga sobre el solicitante, quien deberá documentar su vida de manera integral, lo que podría dificultar el acceso a la ciudadanía.
De este modo, quienes deseen naturalizarse en 2025 tendrán que preparar un perfil claro y transparente, respaldado por evidencia sobre su conducta pública, rehabilitación (si aplica) y contribuciones comunitarias. Este enfoque más exhaustivo podría suponer un gran desafío para muchos aspirantes, que deberán adaptarse a un sistema de evaluación más riguroso y detallado.
