La Audiencia de Vizcaya ha absuelto a una enfermera de un centro de salud de Santurce, acusada de simular la vacunación de 400 menores entre febrero de 2021 y septiembre de 2022. El tribunal ha determinado que la acusada padece un trastorno psicológico que la exime de responsabilidad penal, lo que ha llevado a la modificación de la solicitud de pena por parte de la Fiscalía, que inicialmente pedía 7,5 años de prisión.
Determinación del tribunal
En la sentencia hecha pública el miércoles, la Audiencia ha impuesto a la enfermera una medida de seguridad consistente en siete años de tratamiento médico externo, supervisado por un psiquiatra, además de un periodo equivalente de inhabilitación para ejercer en el ámbito sanitario. La decisión de la sala se basa en la conclusión de que la acusada presentaba un «trastorno por ideas delirantes» que afectaba gravemente sus capacidades intelectivas y volitivas.
Los informes psiquiátricos presentados durante el juicio indicaban que la enfermera sufría un trastorno delirante con características «mesiánicas, esotéricas y místicas», lo que ha sido clave para entender su conducta. Este diagnóstico ha llevado al tribunal a considerar que no se puede responsabilizar a la acusada por los actos que cometió bajo el efecto de esta alteración.
Consecuencias y medidas a tomar
Además de las medidas de tratamiento, la Audiencia ha ordenado que la enfermera indemnice al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) con 20.000 euros, monto que corresponde a los gastos que se generaron al tener que volver a vacunar a los menores. Esta acción ha puesto de relieve la preocupación por la salud pública, ya que la conducta de la acusada podría haber generado un problema grave en la inoculación de niños.
El tribunal también ha decidido enviar una exposición razonada al ministro de Justicia, solicitando la consideración de nuevas regulaciones en el Código Penal para tipificar como delito la simulación de vacunaciones por parte de empleados públicos. Se considera que esta conducta no solo incumple con sus obligaciones, sino que también pone en riesgo la salud pública, un aspecto que actualmente no está suficientemente regulado en la legislación vigente.
La decisión de la Audiencia de Vizcaya ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de los profesionales sanitarios y la necesidad de salvaguardar la salud de la población, especialmente de los menores, en un contexto donde la vacunación ha cobrado una importancia crucial ante la pandemia.
