La reciente dimisión de Noelia Núñez, tras la controversia sobre la veracidad de sus estudios, ha destapado un importante debate en España sobre la necesidad de que los altos cargos acrediten sus títulos académicos. Este escándalo ha llevado a una serie de renuncias y acusaciones entre políticos, poniendo en el punto de mira la falta de control en la validación de los currículos de quienes ocupan puestos de alta responsabilidad.
La situación se ha agravado con el caso de José María Ángel Batalla, quien renunció a su cargo como comisionado de la DANA después de que se iniciara una investigación por la supuesta falsificación de su título universitario. Este tipo de incidentes ha llevado a algunas comunidades autónomas a establecer legislaciones que obligan a sus altos cargos a demostrar la autenticidad de los títulos que presentan.
Legislación estatal y autonómica
A nivel nacional, la Ley 3/2015, de transparencia, regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. Según el artículo 2.3, se exige que el currículum vitae de los altos cargos se publique en el portal web correspondiente tras su nombramiento. Sin embargo, esta normativa no obliga a los cargos a acreditar la veracidad de sus títulos, ya que el artículo 5 establece que deben firmar una declaración responsable que no garantiza la autenticidad de los datos proporcionados.
En contraste, las comunidades de Valencia y Canarias han tomado medidas más estrictas. La ley autonómica 1/2022 de la Comunidad Valenciana establece que los altos cargos deben publicar sus perfiles profesionales, incluyendo la documentación que acredite sus méritos académicos. A pesar de ello, se ha comprobado que en el portal de transparencia de la Generalitat no todos los altos cargos cumplen con esta obligación.
Por su parte, la ley autonómica 12/2014 de Canarias también exige la publicación del perfil y trayectoria de los altos cargos, aunque los títulos académicos no son accesibles al público. Esta falta de transparencia genera dudas sobre la autenticidad de los títulos que presentan.
Inconsistencias en otras comunidades autónomas
En el resto de las comunidades autónomas, la situación es aún más variada. Diez de ellas requieren que sus altos cargos compartan su historial laboral y académico en los portales de transparencia, pero carecen de mecanismos para verificar la veracidad de la información proporcionada. Otras cinco comunidades, como Andalucía, Cataluña y Extremadura, no exigen este requisito en sus leyes de transparencia.
A pesar de las deficiencias en la regulación, algunas comunidades, como Andalucía y Castilla y León, publican biografías de sus altos cargos, aunque esto no garantiza la veracidad de los títulos académicos que presentan.
La falta de un marco normativo claro y la confianza depositada en la buena voluntad de los altos cargos para validar sus credenciales han generado un clima de desconfianza. La sociedad exige a sus representantes un mayor grado de transparencia y responsabilidad en la presentación de su formación académica.
