La jueza Amparo Rubio, del Palacio de Justicia de Benalúa, ha asumido la responsabilidad de investigar la polémica adjudicación de 140 viviendas protegidas en el residencial Les Naus, situado en la zona de La Condomina de Alicante. Esta decisión se produjo tras admitir a trámite una denuncia presentada la semana pasada por el sindicato Manos Limpias.
La denuncia alega presuntos delitos como falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios. Este escrito, que apenas ocupa tres folios, se fundamenta en informaciones publicadas en medios de comunicación sobre este escándalo y señala a diez personas, incluyendo a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como a varios funcionarios del Ayuntamiento y responsables de la cooperativa y de la promotora de la urbanización.
Ante la posibilidad de que se hayan cometido los delitos mencionados, la jueza ha iniciado un procedimiento de investigación que anteriormente estaba bajo el control de la Fiscalía Anticorrupción. Esta entidad ya había recibido denuncias por parte del Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Vivienda y dos formaciones políticas, PSOE y Sumar, antes de la presentación por parte del sindicato.
La Fiscalía está obligada por ley a remitir a la autoridad judicial toda la documentación relacionada con el caso, y la jueza ha solicitado ya información a los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, quienes habían estado gestionando el asunto hasta este momento.
La primera denuncia formal fue presentada por Sumar, que, apenas días después de que se revelara el escándalo, interpuso una denuncia online ante Anticorrupción, solicitando que se investigaran las irregularidades en el proceso de adjudicación de las viviendas. Esta formación exigía que se verificara si el procedimiento cumplió con los requisitos legales y los principios de igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad.
Por su parte, el PSOE también presentó una denuncia ante Anticorrupción, en la que se detallaron presuntos indicios de prevaricación y otros delitos, dirigiendo las acusaciones hacia la exedil de Urbanismo y otros funcionarios involucrados. La denuncia del Ayuntamiento de Alicante señala que empleados municipales pudieron haber intervenido en la gestión del contrato y resultaron adjudicatarios de una vivienda protegida en Les Naus, lo que ha levantado sospechas sobre un arquitecto municipal que participó en el proceso y que además es propietario de una de estas viviendas.
Desde la Conselleria de Vivienda, se ha denunciado la supuesta conducta irregular de un técnico encargado de validar los contratos de compra, quien habría validado información falsa sobre la renta familiar para que su esposa, también arquitecta municipal, pudiera ser beneficiaria de una de las casas. La denuncia está pendiente de ampliación tras la revisión de expedientes que han revelado la falta de documentación clave sobre las parejas de los solicitantes, quienes alegan estar en separación de bienes para evitar sumar sus ingresos en el proceso de adjudicación.
