Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha declarado que los recursos presentados por varias comunidades autónomas contra la reubicación de menores migrantes no acompañados carecen de «ningún recorrido». En una entrevista en el programa ‘La Hora de La 1’ de TVE, Torres defendió la modificación legislativa como «absolutamente justa», subrayando que las comunidades en su derecho de recurrir están actuando de forma legítima, aunque considera que sus acciones no prosperarán.
La norma publicada el 25 de octubre de 2023 en el Boletín Oficial del Estado establece la capacidad ordinaria de acogida que cada comunidad debe tener para facilitar la reubicación de los menores que han llegado a Canarias, Ceuta y Melilla. Según el ministro, este año la ratio se sitúa en 32,6 menores por cada 100 000 habitantes, lo que implica que algunas comunidades tienen más menores que su capacidad ordinaria y otras, considerablemente menos.
Justificación de la distribución
Torres ha enfatizado que la distribución de menores es «de justicia», asegurando que «no se discrimina ni se aventaja a ninguna comunidad». Ha declarado que la nueva norma proporciona una «radiografía real» de la situación, resaltando así la necesidad de una gestión equitativa entre las distintas comunidades autónomas.
El ministro también ha respondido a las críticas de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, quien no envió el certificado de los menores bajo su responsabilidad, como se le había solicitado desde el Ministerio de Infancia. Torres ha calificado estas actitudes de «lamentables», señalando que el objetivo es colaborar y no poner «palos en las ruedas» del proceso.
Llamado a la responsabilidad
Confía en que ninguna comunidad autónoma se niegue a acoger a los menores, dado que la ley ya ha sido convalidada por las Cortes Generales. «No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela», ha afirmado, advirtiendo que, en caso de negativa, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer cumplir la legislación».
Torres ha recordado que estos son niños que no deben vivir en condiciones de hacinamiento y que merecen unas condiciones mínimas de igualdad, al igual que cualquier otro menor que huya de situaciones de conflicto, como los que llegaron de Ucrania. Preguntándose sobre la disparidad en el tratamiento de menores de diferentes orígenes, ha insistido en que «¿por qué eso no se puede hacer exactamente igual con los niños que vienen de África, que tienen la misma edad y las mismas ilusiones?».
