La política electoral en Colombia se encuentra inmersa en un clima de tensiones que amenaza la integridad de las próximas elecciones de 2026. La situación es preocupante, ya que zonas controladas por disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN dificultan la libre participación de los candidatos. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), se identificaron 319 municipios en riesgo en 2022, y la directora de la MOE, Alejandra Barrios, advierte que muchas regiones no permitirán campañas electorales libres.
El contexto de violencia es un tema recurrente en la historia reciente de Colombia. Desde los años ochenta, no ha habido un ciclo presidencial libre de atentados o asesinatos de candidatos. Los magnicidios, desde Jaime Pardo Leal en 1987 hasta el caso más reciente de Miguel Uribe Turbay en 2025, evidencian la fragilidad del entorno democrático. Estos episodios revelan que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino el resultado de tensiones más profundas que persisten hasta la actualidad.
Claves para entender el panorama electoral
Ante este escenario, es crucial identificar cinco claves que marcarán las elecciones de 2026, tanto las legislativas como las presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo de 2026.
1. **Un marco incompleto tras el acuerdo de paz**: El Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC significó un avance, pero no se consolidó una política de seguridad efectiva. La falta de una estrategia coherente ha permitido que actores armados como el ELN y las disidencias de las FARC retomen el control de diversas regiones, creando un entorno de gobernanza paralela. La denominada “paz total” no ha logrado reducir la violencia ni desmantelar los incentivos económicos que perpetúan el conflicto.
2. **Polarización y desconfianza institucional**: La polarización actual no solo divide opiniones, sino que genera una desconfianza activa hacia instituciones esenciales. El propio presidente Gustavo Petro ha puesto en duda la legitimidad de la Registraduría Nacional, lo que socava la credibilidad del sistema electoral. Este clima de desconfianza podría llevar a que los resultados de las elecciones de 2026 sean cuestionados, independientemente de su legitimidad.
3. **El peso del narcotráfico y las economías ilegales**: Las economías ilícitas han dejado de ser un fenómeno marginal. En regiones como Catatumbo y Putumayo, estas actividades actúan como poderes paralelos que condicionan la vida política. La financiación ilegal de campañas y la inseguridad en más de 300 municipios son riesgos que amenazan la integridad del proceso electoral.
4. **Fragmentación política y del electorado**: El sistema político colombiano experimenta una atomización que trasciende la polarización tradicional. Para las elecciones de 2026, se han registrado 69 comités promotores de firmas, muchos de ellos con candidatos independientes. La falta de acuerdos interpartidistas podría dispersar el voto y debilitar la capacidad de formar mayorías, lo que aumentaría la volatilidad del escenario electoral.
5. **Retorno de la violencia contra candidatos**: El atentado del pasado 7 de junio contra Miguel Uribe Turbay rompe una racha de más de tres décadas sin asesinatos de candidatos presidenciales en ejercicio. Este hecho no solo revive un pasado sangriento, sino que alerta sobre un presente donde la competencia electoral vuelve a estar marcada por el riesgo físico, lo que plantea un desafío crítico para la legitimidad del proceso democrático.
El panorama electoral de 2026 pondrá a prueba la capacidad del Estado colombiano para garantizar una democracia que, a pesar de su resistencia, continúa siendo vulnerable ante antiguas y nuevas amenazas. El desenlace de estos comicios no solo decidirá quién gobierna, sino también si se logrará proteger el sistema democrático frente a la violencia y la desconfianza que lo acechan.
