El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro este lunes que necesita urgentemente hablar de los Presupuestos Generales del Estado, un paso crítico para demostrar control en una legislatura marcada por la incertidumbre. A medida que se acerca el ecuador de un mandato que podría ser histórico por no haber logrado aprobar un solo presupuesto, Sánchez busca posicionarse ante la opinión pública y los medios de comunicación, intentando demostrar que aún tiene un plan para el futuro de España.
Esta situación plantea varias preguntas: ¿por qué ahora, después de dos años sin presentar un techo de gasto ni un proyecto de ley que contemple ingresos y gastos? En primer lugar, se trata de mantener ocupados a los informadores y a la ciudadanía, una estrategia que no debe subestimarse. En segundo lugar, y quizás más importante, es necesario proyectar una imagen de liderazgo y de estabilidad, a pesar de la situación actual que enfrenta su Gobierno.
La posibilidad de que estos Presupuestos sean aprobados es, en el mejor de los casos, incierta. Con Podemos ya declarando la legislatura como «muerta» y la constante rivalidad entre ERC y Junts per Catalunya, las probabilidades de éxito son escasas. Sin embargo, si se logran aprobar, Sánchez podría extender su mandato hasta 2027. En caso contrario, ya tiene un blanco perfecto al que culpar en caso de que se convoquen elecciones anticipadas: sus aliados en el Gobierno.
En su rueda de prensa, lo más alarmante fue escuchar a Sánchez afirmar que, independientemente de la aprobación de los Presupuestos para 2026, él continuará en el poder. Esta declaración revela una preocupante falta de respeto hacia la democracia y las normas parlamentarias. En su rol como presidente, está implícito que debe negar un adelanto electoral hasta que sea inevitable, pero al afirmar que, pase lo que pase, “se pasará la falta de mayoría parlamentaria por el forro”, está desestimando un principio básico de la gobernanza democrática.
Históricamente, otros líderes no se habrían permitido tal desdén. Olaf Scholz, el ex canciller alemán, asumió la responsabilidad de convocar elecciones tras perder el apoyo de sus socios, mientras que Rishi Sunak y Pere Aragonès hicieron lo mismo ante situaciones similares. Ellos entendieron que el deber hacia la democracia debe prevalecer sobre la ambición personal.
Esta normalización de la falta de rendición de cuentas en el debate político debe ser motivo de preocupación. La opinión pública ha llegado a aceptar que el presidente se aferre al poder a toda costa, bajo la premisa de que adelantar elecciones significaría “entregar” el poder a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal. Sin embargo, las elecciones deben ser vistas como una oportunidad para devolver la soberanía al pueblo, y no como un mero trámite.
La legislación española establece que las legislaturas tienen una duración máxima de cuatro años, pero no impide la convocatoria de elecciones anticipadas. De hecho, Sánchez ya lo hizo en 2023, cuando adelantó elecciones de octubre a julio para frenar el ascenso de la derecha. Si ahora, con el relato presupuestario en mano, considera que es necesario hacer lo mismo para mitigar la pérdida de votos de la izquierda, no hay duda de que lo hará.
Esa visión de la política moderna, centrada en la supervivencia a corto plazo, se ha manifestado incluso en el reciente Manifiesto de intelectuales de izquierda que afirman que el gobierno tiene plena “legitimidad” para continuar en el poder. Sin embargo, la legitimidad debe ser revisada no solo en términos de origen, sino también de ejercicio. La falta de apoyo parlamentario y la incapacidad para aprobar leyes significativas son indicadores de un mandato que carece de la confianza necesaria para seguir gobernando.
En conclusión, mientras el debate sobre los Presupuestos continúa, es fundamental que la ciudadanía y los políticos reflexionen sobre la dirección que está tomando la política en España y lo que significa realmente gobernar en una democracia. La estabilidad del Gobierno de Sánchez podría depender de su habilidad para navegar en este complejo panorama político, pero la cuestión de la legitimidad y el deber hacia el electorado no puede ser ignorada.
