La contienda política en Aragón se intensifica en el contexto de las elecciones del 8 de febrero. El presidente del Gobierno aragonés y candidato a la reelección, Jorge Azcón, se enfrenta al reto de no depender de Vox, como sucedió en Extremadura. Desde su llegada al cargo en 2023, Azcón ha promovido políticas fiscales agresivas, incluyendo importantes rebajas de impuestos.
En un escenario donde la fragmentación política es la norma, el avance hacia una mayoría absoluta es complicado. Desde 1983, ningún partido ha logrado este objetivo en Aragón. En 2023, se registraron ocho fuerzas políticas, y se prevé que en las próximas elecciones se reduzcan a siete, con la posible salida del Partido Aragonés (PAR), que exige una hacienda propia.
Las propuestas de Azcón se centran en movilizar inversiones significativas y ofrecer bonificaciones fiscales, como la reducción del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos. Además, su programa incluye un plan juvenil de vivienda y nuevas deducciones en el IRPF.
Por su parte, Vox considera insuficientes las rebajas fiscales planteadas por el PP. Su candidato, Alejandro Nolasco, propone una modificación fiscal drástica, que incluye la eliminación total del ITP en la compra de vivienda habitual.
El PSOE, bajo el liderazgo de Pilar Alegriá, presenta una alternativa centrada en una «fiscalidad diferenciada» para el medio rural y en la «tributación justa de los centros de datos». Alegriá, quien ha tenido un ascenso notable dentro del partido, critica tanto a Vox como al PP, acusándolos de seguir políticas de recortes y privatizaciones.
En el espectro político de la izquierda, se encuentra una coalición entre Podemos, IU y Sumar, que rechaza las políticas fiscales que favorecen a las clases más pudientes. Su enfoque incluye la recuperación de impuestos y la creación de nuevas tasas que penalicen a las grandes instalaciones de energías renovables.
En resumen, la pugna fiscal en Aragón se presenta como un tema central en las próximas elecciones, con propuestas divergentes que reflejan la complejidad del panorama político. La búsqueda de un «gobierno fuerte» por parte del PP contrasta con las demandas de una fiscalidad más justa planteadas por la izquierda y los ultraconservadores.
