Los placeros del mercado de Ourense están en pie de guerra contra el Concello, ya que consideran que se está poniendo en riesgo el futuro de unas 200 familias. Este miércoles, el abogado de los placeros, Juan Carlos González, solicitó al juez del Contencioso-Administrativo 2 de Ourense la suspensión cautelar de una decisión que les obliga a desarrollar, a su costa, un proyecto de obra en un edificio que actualmente se encuentra vacío y sin conexiones eléctricas. La arquitecta Paula Feijoó Calviño valora que el coste de dicho proyecto asciende a más de 2 millones de euros.
El conflicto se inició en abril, cuando el Concello abrió un expediente para obligar a los placeros a desalojar la Alameda a principios de 2026, otorgándoles únicamente nueve meses para llevar a cabo el desalojo. Los comerciantes, agrupados en una sociedad mercantil, anunciaron que llevarían este asunto ante el juzgado para anular el acto administrativo, alegando que no se cumplieron los términos del convenio de traslado. Desde hace siete años, los placeros ocupan una instalación provisional que, inicialmente, se prometió que sería reformada en un plazo de 18 meses.
Implicaciones económicas para las familias
El Ayuntamiento insiste en que los placeros deben abandonar la instalación actual, imponiendo plazos estrictos: tres meses para elaborar el proyecto y seis meses para ejecutarlo. Sin embargo, los placeros argumentan que las exigencias del Concello suponen un desembolso inasumible. “Se está jugando con el futuro de 200 familias y sus empleados”, enfatizó González. “Se exige a la concesionaria, Comerciantes Asociados del Mercado de Abastos no 1 de Ourense SL, que realice una inversión de 2 millones de euros para dotar al edificio de instalaciones que ya debían haber estado en su lugar al momento del traslado”, añadió.
En el juicio, también se escucharon argumentos del abogado del Ayuntamiento, Luis Salgado Carvajales, quien defendió que los placeros deben desbloquear la situación, ya que hay “dos espacios públicos hipotecados para los ciudadanos”. Salgado argumentó que, mientras no se ejecute el proyecto, no se generará un perjuicio económico irreparable para los comerciantes. “Lo que aquí se discute es si se puede hacer el proyecto, no quién debe pagarlo”, añadió.
Posturas divergentes entre arquitectos
Durante la vista, se presentaron dos posturas opuestas por parte de las arquitectas contratadas por ambas partes. Paula Feijoó Calviño, en defensa de los placeros, explicó que no pueden ejecutar las obras debido a que el Concello rechazó el plan funcional que había presentado la mercantil. Feijoó también mencionó que el acta de recepción de la obra de rehabilitación no fue firmada, lo que significa que “no ha sido formalmente aceptada por la Administración”. Esto implica que la asociación de comerciantes no podría llevar a cabo obras de adaptación en el interior del edificio sin una recepción formal.
Por otro lado, la arquitecta municipal Elvira Carrregado defendió que el edificio sí ha sido recepcionado y que los placeros están en disposición de realizar un proyecto de reforma interior. Carrregado afirmó que esto incluiría la habilitación de los puestos de venta y todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de su actividad.
La situación se mantiene tensa, y la resolución del conflicto podría marcar un hito en el futuro de los placeros y sus familias en Ourense. La incertidumbre persiste mientras ambas partes esperan la decisión del juez.
