El Gobierno de Perú ha nombrado a Hernando de Soto como el nuevo primer ministro, quien asumirá el cargo el 24 de febrero. Este nombramiento se produce en el contexto de un Gobierno de transición que se extenderá hasta el 28 de julio de 2026, momento en el que se realizará la investidura del nuevo presidente tras las elecciones programadas para el 12 de abril.
La decisión de designar a De Soto se anunció después de una reunión entre él y Balázar, el presidente recién elegido por el Congreso. Este encuentro tenía como objetivo definir las primeras acciones a llevar a cabo dentro del marco constitucional y de las potestades que el Congreso ha otorgado a esta gestión provisional, según un comunicado oficial.
El Ejecutivo ha resaltado el prestigio y el respeto internacional que rodea a De Soto, lo que, según la Presidencia, «fortalece el rumbo institucional del Gobierno de transición» y garantiza la organización de «elecciones limpias y transparentes».
Además, se ha informado que el nuevo primer ministro planea llevar a cabo una visita a líderes de comunidades indígenas en Estados Unidos y Canadá. El propósito de este viaje será «tender puentes y promover la unión del «cóndor y el águila»», así como compartir experiencias sobre el impacto de la economía y la tecnología digital en sociedades emergentes. Sin embargo, aún no se ha especificado la fecha de este desplazamiento internacional.
Hernando de Soto, quien fue candidato presidencial en 2021 y se desempeñó como asesor económico durante el primer mandato de Alberto Fujimori en la década de 1990, asume la jefatura del Ejecutivo tras la elección de Balázar, que se llevó a cabo con 64 votos a favor y 46 en contra, frente a la candidata de Acción Popular, Maricarmen Alva.
La llegada de Balázar a la presidencia se produjo luego de la destitución de Jeri mediante una moción de censura que obtuvo 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, un proceso relacionado con dos investigaciones por presunto tráfico de influencias.
El nuevo Gobierno deberá afrontar la gestión de la etapa preelectoral hasta los comicios del 12 de abril y garantizar la transición institucional hasta la investidura del próximo presidente en julio de 2026.
