Peramato se enfrenta esta semana a una importante decisión en la que deberá elegir entre fiscales vinculados al «procés» y altos cargos de Álvaro García Ortiz para ocupar puestos clave en el Tribunal Supremo.
Entre los candidatos destaca Ana García León, quien fue jefa de la Secretaría Técnica del exfiscal general, y que aspira a una de las tres jefaturas vacantes en las secciones de lo Penal del tribunal. Además de ella, hay otros nueve fiscales en la contienda, incluyendo a Consuelo Madrigal, la primera mujer que lideró la Fiscalía en España, y Jaime Moreno, ambos involucrados en el juicio contra los líderes del «procés».
El Consejo Fiscal debatirá el próximo 27 de este mes sobre la provisión de unas veinte plazas vacantes, que incluyen las jefaturas en el Tribunal Supremo. Este consejo actúa como un órgano consultivo, por lo que las propuestas que Peramato presente al Gobierno tras la reunión serán cruciales para evaluar la postura de la nueva fiscal general.
Desde que asumió su cargo el 11 de diciembre, la nueva fiscal general ha expresado su intención de sanar lo que ella misma ha calificado como «una profunda herida» en la Fiscalía española, tras la condena de García Ortiz por delito de revelación de secretos. Su objetivo es integrar a todos los miembros de la Carrera en este proceso de recuperación, y esta será su primera oportunidad para demostrarlo, según han comentado diversos miembros del colectivo a EL PERIÓDICO.
Además de las tres plazas principales, hay otras sin rango en la Fiscalía del Supremo, a las que aspira el número dos de la Secretaría General Técnica de García Ortiz, Diego Villafañe, quien estuvo inicialmente imputado en el mismo caso. También se presentan otros 36 aspirantes, incluyendo al progresista y exmiembro del Consejo Fiscal Carlos García-Berro, así como sus colegas en este órgano.
Entre las plazas ofertadas se encuentran la jefatura de la Fiscalía contra los delitos relativos a la Ordenación del Territorio, la de Personas con Discapacidad y Mayores, y varias más en diferentes fiscalías regionales y especializadas, como Antidroga y Anticorrupción.
La llegada de Peramato a la Fiscalía General se dio tras la condena de su predecesor, quien dimitió apenas cuatro días después de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo. Aunque ha recuperado su puesto en la Sala de lo Social, el contexto en el que se desarrolla esta elección es clave para el futuro de la Fiscalía.
La nueva fiscal general se convierte en la cuarta mujer en asumir este cargo en España y, al igual que otros fiscales nombrados por el actual Gobierno, forma parte de la Unión Progresista de Fiscales, que actualmente tiene mayoría en la cúpula fiscal.
